Ernesto Zedillo, con la privatización del sistema de pensiones de 1995, le deben todos los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional que se jubilarán en 2021 –vía las Afore–, recibir apenas 2 mil 179 pesos de pensión. A Calderón (con Molinar Horcasitas en el IMSS, en 2008, y Miguel Ángel Yunes en el Issste, en 2007) le deben todos los jóvenes mexicanos haber perdido el derecho a una garantía estatal para su retiro, así como sometimiento a las comisiones e incertidumbre bursátil de su cuenta individual en las Afore y Pensionissste, las cuales –si acaso– les garantizarán la pensión mínima equivalente a un salario mínimo.

A la reforma laboral 2012 de Calderón, junto con Peña Nieto, le deben todos los jóvenes mexicanos haber perdido la posibilidad de alcanzar la antigüedad que requieren las leyes IMSS e Issste para ganar el derecho a sus prestaciones de salud y pensiones.

¿Qué sigue? Un sistema de seguridad social universal –anunciado por Peña Nieto– racionado en los mínimos, pero disfrazado de unos cuantos derechos exigibles. Después de los cinco reducidos compromisos del Pacto por México, se han sucedido pronunciamientos que documentan el incoherente futuro inmediato de la oferta peñista.

Lo que más destaca son las evidentes contradicciones entre el propio equipo gubernamental. Mientras el secretario Guajardo critica abiertamente el Seguro Popular –que en el compromiso 1 del pacto reapareció tenuemente como acceso universal a los servicios de salud, a través de la portabilidad de coberturas y la convergencia de los sistemas–, la secretaria Mercedes Juan presagia el futuro de la universalidad a través de su fortalecimiento. En tanto, el secretario Navarrete anuncia la creación de un Instituto Mexicano de Protección Social y el propio Peña Nieto alude a la consolidación de la cobertura del Seguro Popular.

Así, en opinión de Guajardo, el gobierno federal se esmeró en fomentar la informalidad al crear el Seguro Popular o los pies de casa a través de subsidios que otorga Sedeso, que ofrecen servicios médicos o de vivienda a personas que no pertenecen al sector formal. La tercera parte de cada peso está destinado únicamente a la administración de esos programas y los mismos trabajadores optan por no trabajar en el sector formal, con tal de recibir sus ingresos completos, sin descuento a su salario para el pago de derechos o prestaciones laborales. A un empleado informal le resulta más rentable seguir así gracias a los servicios que obtiene como el Seguro Popular (La Jornada, 12/1/13).

En opinión de Navarrete, está claro que “si este país de instituciones de la última centuria logró constituir un sistema formal de seguridad social, por qué no pensar en un sistema de protección que pueda, a toda la parte de informalidad, dar protección en seguridad social. El gobierno analiza conformar un esquema de seguridad social universal y así tener dos grandes sistemas, uno de seguridad social –que lo representan muy bien IMSS e Issste– y uno mexicano de protección social. Se trata de un nuevo esquema de protección social que pueda absorber a todas las personas que están en la informalidad y que tienen necesidad de tener servicios de salud, para acceder al seguro del desempleo” (La Jornada, 14/12/12).

Para la secretaria Juan, un gran logro fue la creación del Seguro Popular, y todo el asunto se resuelve sencillamente imponiendo la agenda de su casa de origen, la Fundación Mexicana para la Salud de Guillermo Soberón y Julio Frenk (Funsalud, 2011, Proyecto de Universalidad de los Servicios de Salud): lo que sigue es una reforma, como propone Funsalud, sobre la base de un fondo único integrado con impuestos generales, y la aportación que el gobierno federal ya hace como cuota social al Seguro Popular, IMSS e Issste. Con ese dinero se podrían tener redes plurales de servicios (La Jornada, 12/2/13).

La universalidad de Peña Nieto. En la Academia Nacional de Medicina, sostuvo que aunque el sistema de salud público ha tenido avances, hay sectores de la población mexicana donde aún no llegan esos beneficios. El gobierno federal invertirá 4 mil millones de pesos en 2013 para alcanzar el objetivo de hacer efectivo ese derecho constitucional. Se trata de un nuevo programa de apoyo al fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud y de impulso a la medicina preventiva. También ofreció consolidar la cobertura del Seguro Popular y de la infraestructura en todo el territorio nacional (La Jornada, 7/2/13).

Así, el futuro inmediato de la seguridad social universal de Peña Nieto parece estar trabado, por un lado, entre los nichos de negocios que esperan consolidar aseguradores y cadenas hospitalarias privadas –como anticipan las agendas del doctor Onofre Muñoz (2012, Propuesta de un Sistema Nacional de Servicios de Salud) y de Funsalud, que impulsará la secretaria Juan–, y por el otro hacia la oferta de un minimalismo de protección social, como los que describen los secretarios Guajardo y Navarrete, a través de paquetes tecnocráticamente racionados pero con pretensión demagógica de universalidad.

Como antes el PAN, el nuevo PRI carece de una sola línea para atender la primera demanda ciudadana: mejorar servicios, mejorando las condiciones de quienes son los responsables finales de la calidad: los equipos nacionales que dan salud y la seguridad social.

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco