n su búsqueda por defender y promover los derechos humanos, especialmente de los más pobres y desprotegidos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha asumido la necesidad de construir una agenda civil que nos conduzca a una democracia más plena, en el contexto de un Estado incapaz de garantizar los derechos fundamentales. Muestra de ello es su más reciente informe, donde recuerda, por ejemplo, a Jacinta Francisco Marcial, acusada por el presunto secuestro de seis agentes de la extinta AFI, en el municipio de Amealco, Querétaro. Esta mujer ñhañhú había sido condenada, sin tener acceso a la justicia, a 21 años. Afortunadamente, alcanzó su libertad el 16 de septiembre de 2009.

La publicación habla también de los campesinos ecologistas Rodolfo Cabrera y Teodoro Montiel y de los defensores comunitarios del agua José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, recientemente liberados por la SCJN. Estas y otras historias, como la del indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez, son presentadas en Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012. El informe, presentado por una organización que en 2013 cumplirá 25 años de tenaz labor, es muestra del vigor de una sociedad civil cansada de esperar al Estado, una sociedad que busca impulsar una agenda amplia en esta materia. En 302 páginas, el libro devela relaciones sustantivas entre temas presuntamente divorciados entre sí: los abusos del Ejército, en relación con la contaminación atroz, producto de la industria minera; la interrelación de políticas antimigratorias y su vinculación con algunas alianzas con el gobierno de Estados Unidos; las violaciones al debido proceso, vinculadas también con dinámicas de discriminación y criminalización; la actual protesta social, y la resistencia contra el olvido de las desapariciones forzadas en los años 70 y 80. Todo, en el contexto de un Estado neoliberal y militarizado.

A partir de datos concretos ubica algunos patrones en las violaciones de derechos humanos a lo largo del sexenio de Felipe Calderón, para tratar de comprender su gravísimo incremento. El saldo de esta transición traicionada, parece concluir, fue el desgaste abusivo del bono democrático del año 2000. Doce años después no encontramos un abatimiento del carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos, por el contrario, en el contexto de la guerra contra el crimen organizado destacan las cifras de la emergencia humanitaria. Éstas van de 60 mil a los más de 100 mil asesinatos, sin contar a las y los desaparecidos, desplazados e injustamente encarcelados, ni a los periodistas y personas defensoras asesinadas o desaparecidas. Esta pincelada no incluye también cuántos huérfanos, viudas, deudos y víctimas invisibles sufren por esas muertes violentas. Además, apenas alcanza a dar una idea de la indigna pesadilla de los crímenes contra migrantes en tránsito por territorio mexicano. Mención aparte merece el capítulo que aborda la pobreza y exclusión en el sexenio del presidente del empleo. En él se describe cómo los trabajos de al menos la tercera parte de la población son precarios y violatorios de sus derechos laborales.

También se descubre cómo la pobreza volvió más vulnerable a la mayor parte de la sociedad mexicana. El libro del Centro Prodh, en fin, describe las circunstancias que han ocasionado que el país esté sufriendo una catástrofe económica, política, social y ambiental. Dividido en siete capítulos, se inicia con un panorama general; continúa con una pormenorizada descripción de las graves afectaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, y dimensiona la violencia de Estado, al tiempo que denuncia la ausencia de la justicia transicional que estaba por venir. No olvida la lucha cotidiana de los indígenas ante la exclusión de que son sujetos, desde la negación de su autonomía hasta su criminalización. Destaca que en diversas regiones de la República los gobiernos, empresas y poderes fácticos han arrinconado a diversos colectivos con violencia y diezmado sus tierras, montes, aguas, bosques y comunidades. Documenta igualmente la sobrexplotación, contaminación y destrucción del medio ambiente y afirma que las minas en exploración o explotación abarcan casi la tercera parte del territorio nacional. Los datos duros de este informe dejan clara la creciente importancia de la labor de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como la de las y los comunicadores. Pero también constatan la gravedad del acoso que sufren, de la violencia con la que se les pretende cercar para restringir los derechos de todos y todas, al grado de convertir a México en uno de los lugares más peligrosos para vivir. En respuesta al clamor de una sociedad que se organiza para defender los derechos de las personas y sus reclamos legítimos, casi siempre reprimidos, el libro lleva un cintillo que expresa: Del surgimiento de las resistencias a la consolidación del espacio civil. Esta frase ilustra lo que el Centro Prodh quiere comunicar: no podemos esperar más al Estado; con esto procura la memoria, lucha contra la amnesia y se hace parte de una sociedad que reivindica sus derechos como una identidad irrenunciable. La estructura del informe propone igualmente una lectura de la agenda pendiente para el movimiento nacional de derechos humanos. Delinea también algunos retos para quien detenta el poder del Estado, y remarca la exigencia civil para el establecimiento de políticas públicas enmarcadas en la progresividad de los derechos humanos.

El informe puede ser consultado en www.centroprodh.org.mx.