Morelia, Mich., 18 de febrero. Unas 25 comunidades purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes de Michoacán apoyan la autodefensa armada y no confían en las policías municipales, afirmó el dirigente de la organización Nación Purépecha, Abundio Marcos Prado.

En la región lacustre de Pátzcuaro se está organizando un sistema de seguridad territorial, para protegerse fuera y dentro de las comunidades, informó.

El diputado local priísta Antonio Sosa indicó que de las 30 mil personas de la entidad que emigran anualmente de sus lugares de origen, 17 por ciento lo hace por miedo o amenazas.

El gobierno del estado sólo reconoce a 16 comunidades que se autodefienden, abundó Prado, pero son 25, y pronto serán más, porque nos estamos organizando en los pueblos del municipio de Erongarícuaro para colocar dos retenes en la carretera ribereña hasta Santa Fe de la Laguna, así como en los pueblos purépechas de Angahuan y Capacuaro.

Añadió que la población nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, cerca de la costa norte, también está armada contra organizaciones criminales, al igual que Cherán –que integró un gobierno comunal electo por usos y costumbres–, mientras que Nurío y Urapicho trabajan desde hace años con sus propios cuerpos de seguridad, según acuerdos con autoridades municipales de Paracho.

Indicó que en las zonas mazahua y otomí de Michoacán hay poblaciones como Carpinteros, Francisco Serrato, Curundeo, Cresencio Morales y Donaciano Guerra, organizadas para proteger su territorio.

En el caso de la región aguacatera de Salvador Escalante, donde se encuentra el lago de Zirahuén, pueblos como Coruvi, El Mirador y Churucureo colocaron retenes y se protegen con armas de fuego contra asesinatos, secuestros y extorsiones.

Prado dijo que si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechaza la autodefensa de las comunidades es porque defiende el derecho occidental y no el de los pueblos indígenas. Sin embargo, nos ampara el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo) y la Constitución, sobre todo cuando se viven tiempos de crímenes, irónicamente en las comunidades indígenas donde prevalece una grave rezago social.

El diputado Antonio Sosa presentó un punto de acuerdo ante el pleno para que instancias gubernamentales celebren un censo de desplazados. Recordó que en mayo de 2010 la lucha entre dos bandas del crimen organizado desplazó a más de 10 mil personas del valle de Apatzingán.

Por su parte, el presidente de la comisión legislativa de Atención a Pueblos Indígenas del Congreso local, Eleazar Aparicio, consideró que la incapacidad de los gobiernos federal y estatal, así como la corrupción, propiciaron la autodefensa de los pueblos indígenas. Los pueblos se hartan cuando ven que nadie los protege y que las denuncias no tienen ningún efecto, se organizan solos y se rebelan ante los gobernantes, sostuvo.

Añadió que las policías comunitarias de Guerrero, Oaxaca y Michoacán deberían contar con un reglamento para evitar que se salgan de la ley, y reconocer entonces el uso de armamento que pudieran tener, y esto lo permite el artículo segundo de la Constitución mexicana y el acuerdo 169 de la OIT.

Aseguró que es legal que las comunidades se protejan con los medios que tengan, y sería un error que el gobierno quisiera disuadir por medios violentos a la organización comunal, mientras que a la delincuencia organizada le permite actuar impunemente. En cuanto la advertencia de la CNDH sobre la autodefensa, Aparicio Tercero indicó que es más riesgoso que los grupos criminales anden sueltos.