Ante una realidad en la que de más de 15 mil trabajadores mineros en Coahuila sólo mil 300 están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el séptimo memorial por la muerte de 65 trabajadores de la mina de carbón Pasta de Conchos, la organización no gubernamental Familia Pasta de Conchos propuso una política de Estado para la explotación del carbón basada en la legalidad; suspender la operación de los pocitos, prohibir que las empresas mineras registren a sus trabajadores en la seguridad social con 25 por ciento de su salario; un programa federal específico para defender los derechos a la salud de los trabajadores de las minas, y generar empleo para otras ramas productivas en la región.

Como parte de la conmemoración de la tragedia minera surgieron datos que dan cuenta de las malas condiciones de vida de los trabajadores del ramo: según denuncia de la Familia Pasta de Conchos, tras los hechos ocurridos en 2006 se tiene documentada la muerte de al menos 94 carboneros en distintos accidentes.

Pero además, aparte de que el negocio de las minas de carbón en Coahuila asciende a más de 3 mil millones de pesos al año, dinero que se llevan los empresarios del sector y el gobierno estatal, los trabajadores de los yacimientos son presas de muerte, mutilaciones, pobreza y violación de todos sus derechos humanos y laborales. Es urgente, exige la Familia Pasta de Conchos, suspender de inmediato la operación de los llamados pocitos y establecer un política pública integral de rescate del sector.

El organismo, el cual agrupa a familiares de mineros muertos y defensores de los derechos de los trabajadores, anticipó que relanzará la campaña Por una cuerda de vida para los trabajadores del carbón y sus familias, con la que buscará mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los obreros en la región carbonífera de Coahuila.

Porque, se sabe, de las 71 empresas carboneras de la región –prácticamente de estas minas pocas cuentan con condiciones de seguridad–, 32 no tienen antecedentes de haber sido inspeccionadas; 37 han sido sancionadas por no cumplir la norma pero siguen operando, es decir, en total 69 minas incumplen con sus obligaciones patronales para salvaguardar la vida e integridad física de sus trabajadores. Además, las autoridades de justicia de Coahuila no han dictado una sola sentencia por los llamados homicidios industriales.

Ayer, en conferencia de prensa, hablaron integrantes de la Familia Pasta de Conchos, mineros siniestrados y familiares que perdieron a sus esposos e hijos. Llegaron al Distrito Federal en un camión para ratificar aquí sus demandas de rescate de los muertos en Pasta de Conchos y justicia para los siniestrados en el pocito Ferber.

A nombre de esta organización, la abogada Cristina Auerbach expuso la problemática de los mineros coahuilenses y precisó que continúan sin sancionarse cuando menos 10 empresas que utilizan mano de obra infantil, ya que ni siquiera en los casos de dominio público, como la empresa Binsa y el de Minera Díaz, las compañías han sido sancionadas.

Añadió que de las 71 empresas del carbón a las que se va a renovar su contrato, nueve no tienen registro patronal. Otras, como Minera México, comercian con el carbón extraído en los pocitos de otras empresas y cuando hay algún accidente dicen que los lotes fueron invadidos, pero no denuncian a las compañías que continúan extrayendo su carbón. Incluso existe el caso de 23 empresas que están en la Promotora para el Desarrollo Minero y tienen contratos, pero supuestamente no tienen trabajadores registrados, y otras 18 compañías dicen que tienen menos mineros de los que realmente laboran.