Las inconformidades por la inexperiencia de los responsables de los órganos de acceso a la información pública, el amiguismo que impera en el nombramiento de comisionados, la excesiva burocracia y la cotidiana violación a las leyes de transparencia no son exclusivas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), sino alcanzan también a varias instituciones de transparencia del país.

Casos como el del actual comisionado presidente del Ifai, Gerardo Laveaga (a quien hace tres semanas otro comisionado lo acusó de perezoso), o el de Sigrid Arzt (ex colaboradora del ex presidente Felipe Calderón y a quien el instituto investiga ante la posibilidad de que haya hecho solicitudes de información usando alias, a petición de una funcionaria del gobierno calderonista) se repiten en algunos estados.

En meses recientes, diversos abogados que litigan en los tribunales estatales, y que comúnmente obtienen pruebas para sus juicios mediante los órganos de transparencia, han presentado quejas administrativas por actos negligentes de los funcionarios de transparencia, han tramitado amparos contra negativas a otorgar información de las actividades de gobernadores y presidentes municipales, e incluso han interpuesto denuncias penales por delitos que van desde ejercer indebidamente el cargo público de comisionado o consejero hasta violación de las leyes de transparencia.

Tal es el caso del consejero del Instituto de Veracruz de Acceso a la Información (Ivai), Ángel Bravo Contreras, quien el pasado 6 de febrero fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de esa entidad por Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, quien lo acusó de violar la Ley de Transparencia veracruzana.

En esa denuncia se exponen los escándalos recientes en los que ha participado Bravo, como fue su pleito con un agente del Ministerio Público de Veracruz en un restaurante de la ciudad de Córdoba, además de que se le imputó presunto tráfico de influencias y se le acusó de favorecer con sus resoluciones los intereses de empresarios y de algunos funcionarios públicos.

Un caso parecido es el ocurre en el estado de Nuevo León, donde algunos abogados y políticos de oposición al gobierno estatal del PRI han presentado quejas administrativas contra Sergio Moncayo, comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de esa entidad.

A este funcionario se le acusa de haber llegado a ese puesto por su cercanía con la cúpula política de Nuevo León, según informó a este diario el abogado Rogelio N. Garza García, quien litiga varios juicios en esa entidad.

Otros estados como Colima, Sinaloa, Tamaulipas y el Distrito Federal no son ajenos a denuncias de violaciones a las leyes de transparencia presentadas por abogados postulantes.

En ese sentido, Jorge Reyes Peralta indicó que muchas barras y colegios de abogados del país vemos con preocupación lo que está sucediendo en los organismos autónomos y ciudadanos de transparencia, que ni son autónomos ni mucho menos ciudadanos, ya que no han cumplido con su cometido; lo único para lo que han servido es para fomentar el chambismo de allegados a los grupos políticos y para que continúe la opacidad gubernamental tanto en el ámbito federal como en el estatal.

Añadió que esos organismos de transparencia y acceso a la información, lejos de cumplir su misión para lo que fueron creados, se han convertido en reductos de corrupción y tráfico de influencias. La solución que se está proponiendo es remover a sus comisionados actuales, y que los nuevos sean elegidos mediante exámenes de oposición.

Otros abogados criticaron la excesiva burocracia de los órganos de transparencia de los estados. Por ejemplo, el del Distrito Federal tiene cinco comisionados y 159 empleados. En el caso de Nuevo León, el órgano cuenta con tres comisionados titulares, una suplente y 38 empleados.

En Nayarit, el instituto está integrado por un total de nueve personas.

En el renglón de salarios, los comisionados federales actualmente perciben 138 mil pesos mensuales netos, mientras los del Distrito Federal y el estado de México tienen ingresos por 106 mil pesos, en tanto que los de Morelos sólo cobran 27 mil pesos.

Los de Veracruz ganan 60 mil pesos mensuales y cobran un bono bimestral de 30 mil pesos y otro semestral de 60 mil.