El gobierno de Oaxaca debe respetar la voluntad de la mayoría de la población ikjot (huave) y zapoteca de 15 pueblos del istmo de Tehuantepec contra el proyecto eólico de Mareña Renovables, en la barra de Santa Teresa de San Dionisio del Mar, como se comprometió el secretario de Gobierno de la entidad, Jesús Martínez Álvarez, en su visita al poblado de Álvaro Obregón, y no pretender descalificarlo asegurando que hay personas ajenas a este movimiento, indicó el dirigente de la La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas.

Sobre las declaraciones de Martínez Álvarez, de que se va a tomar en cuenta lo que digan los verdaderos pueblos originarios, pero no la gente ajena, como la que estuvo el domingo en una caravana de solidaridad con la oposición a dicho parque eólico, Beas comentó que sí estuvieron en la caravana delegados de organizaciones de varios estados, pero el grueso de la gente era de la región: el secretario de Gobierno ya debe dejar las descalificaciones y actuar como funcionario, no como empleado de la empresa, apuntó.

Señaló que miles de pescadores ribereños que serían afectados por el proyecto de Mareña Renovables participan en el movimiento, y el gobierno oaxaqueño ha hecho toda una campaña para descalificarlo; ahora ya se dieron cuenta de que no son 20 borrachos, como decían, sino miles de ciudadanos los que se oponen; ya es hora de que no construyan una realidad falsa, porque lo único que van a hacer es agudizar más el conflicto.

Por otra parte, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (Cndcchim), red de la sociedad civil que acompaña la lucha del pueblo zoque Chimalapa –vecino del Istmo– en defensa de su territorio, en carta dirigida al gobernador Gabino Cué reconoció su compromiso de no utilizar la fuerza pública y respetar la decisión de los pueblos, hecha por medio de Martínez Álvarez, y propuso realizar un proceso de consulta para abonar a la solución definitiva del conflicto.

Perdió su oportunidad

El Cndcchim propone que, en conjunto, gobierno estatal y la Asamblea de Pueblos Huaves y Zapotecos hagan un “legítimo proceso de consulta, basado en la buena fe, bajo los estándares establecidos por los instrumentos internacionales de derechos de pueblos indígenas –incorporados hoy día a rango constitucional en nuestro país–, mismo que contemple mecanismos e instancias de observación imparcial, de forma que se garantice el consentimiento (o no) libre, previo e informado acerca de este megaproyecto”.

Beas comentó que se hizo un planteamiento al respecto en septiembre del año pasado; la respuesta del gobierno oaxaqueño fue amenazar, mandar policía y seguir comprando a la gente, y la población expulsó a la empresa y a la policía de la barra de Santa Teresa.

En este momento –dijo–, la posición de los pueblos es que no es necesaria más consulta; ya dieron su palabra y no pasará el proyecto... para las comunidades que están en resistencia el momento de la consulta ya está rebasado por la misma posición del gobierno; ahora no se considera que tenga calidad de mediación y objetividad, a partir de que ha tomado partido por la empresa, subrayó.

En otro orden, un análisis jurídico de la abogada Mirna Godínez sobre la problemática relativa al usufructo y el régimen de explotación de las tierras comunales de San Dionisio del Mar por parte de Mareña concluye que la autorización del contrato con la empresa no cumplió las formalidades legales para cambiar el régimen de explotación de las tierras de agropecuario y forestal a industrial y comercial, ni se consultó a la mayoría de la población, sino sólo a 11.8 por ciento, que son los 368 comuneros que asistieron, de un total de mil 27 comuneros y más de 3 mil habitantes.