Protestan frente a la alcaldía de Nuevo Laredo para pedir respuesta del gobierno federal
Miércoles 27 de febrero de 2013, p. 41
Nuevo Laredo, Tamps., 26 de febrero. Familiares de seis hombres desaparecidos tras ser capturados por elementos de la Armada de México en junio de 2011 se manifestaron frente a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, donde exigieron al gobierno federal información sobre las investigaciones.
En agosto de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 39/2012 por la desaparición forzada de José Fortino Martínez Martínez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez, Usiel Gómez Rivera, José Cruz Díaz Camarillo y Héctor Alejandro Rodríguez Vázquez, la cual fue aceptada por la Secretaría de Marina.
En la protesta estuvieron Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez, María de los Ángeles Díaz de León, Yadira Alejandra Martínez y Claudia Ake, esposas de los desaparecidos, acompañadas por Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
El 7 de enero ese comité solicitó por escrito al presidente Enrique Peña Nieto y al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los resultados de dicha recomendación.
El 20 de febrero Human Rights Watch presentó el informe Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada, que incluye las detenciones realizadas en Nuevo Laredo.
Ahí se indica: “José Fortino Martínez Martínez fue detenido arbitrariamente en junio de 2011 en su vivienda en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por hombres que vestían uniformes de la Marina. Familiares de Martínez y de otros hombres que fueron privados ilegalmente de su libertad esa noche pudieron tomar fotografías y videos de los vehículos que participaron en las detenciones, y tenían insignias de la Marina.
En julio, la esposa de Martínez se reunió con agentes de la PGR y representantes de la Secretaría de Gobernación para exigir que investigaran la desaparición de su marido. Tres días después su vivienda fue baleada
, señala el informe.
Otras instancias no gubernamentales que se han mantenido atentas a las investigaciones sobre esta denuncia son la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.