Las principales reformas a la Ley General de Víctimas se concentran básicamente en aspectos organizativos de los consejos a los que dará lugar esta nueva norma y a los recursos económicos de los cuales va a disponer, y estarán listas para su aprobación legislativa –de forma prácticamente unánime– antes del mes de abril, aseguró el abogado Julio Hernández Barros.

Durante un coloquio sobre el tema, organizado por la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, Hernández Barros explicó que uno de los los puntos importantes de la iniciativa tiene que ver con la reducción del número de miembros del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas, de 3 mil 500 en el planteamiento original, a sólo 35, con la finalidad de dar mayor operatividad al organismo.

Por otra parte, se establecerán con toda claridad dos tipos de indemnización económica. Una de ellas, recordó, es la que otorga el Estado sin fijar de antemano ningún límite, cuando los responsables de un abuso sean sus propios agentes.

La segunda es la que las autoridades le otorgan de forma subsidiaria únicamente a las víctimas de delitos graves –es decir, aquellos donde está en riesgo la vida o la integridad de una persona–, por una cantidad máxima de 500 salarios mínimos. Esta modalidad sólo será aplicable, además, cuando el individuo responsable del delito no haya sido detenido o cuando la víctima no tenga solvencia monetaria.

Entre las iniciativas para mejorar la norma se incluye una definición precisa sobre las atribuciones de la Federación, los estados y los municipios en el contexto de la nueva ley, y se establece que el presupuesto mínimo para darle operatividad no puede ser menor a 0.014 por ciento del producto interno bruto, equivalente a unos 600 millones de pesos al año.

Va muy bien el proceso de reformas en la Comisión de Justicia del Senado, y se espera que la mayoría de los legisladores voten en favor de ellas. Tenemos con nosotros a las bancadas de PRI, PRD y Partido Verde en bloque, e incluso a algunos de los integrantes del PAN, así que no se vislumbra ninguna dificultad para aprobarlas antes de abril en la Cámara de Diputados, adelantó Hernández Barros.

Al foro también acudieron el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia; el académico especialista en desapariciones forzadas, Santiago Corcuera, y el historiador y abogado Rafael Estrada Michel, quienes hicieron un recuento de los motivos que dieron lugar a la Ley General de Víctimas, defendieron su carácter constitucional y destacaron que se trata de una legislación única en el mundo, por estar basada en principios no coercitivos, sino con base en la dignidad humana.