En los cuatro años recientes ocho alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) han sido asesinados y 12 más se encuentran desaparecidos, afirmó su rector, Jesús Ancer Rodríguez. El año pasado, esa institución destinó cerca de 20 millones de pesos en seguridad en todos sus planteles (cámaras, timbres de pánico y personal de vigilancia), ubicados en 36 de los 51 municipios del estado.

En entrevista posterior a la firma de un convenio entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el rector apuntó que si bien se vive una situación problemática, los programas del gobierno estatal, que han creado una nueva estructura de tipo social-policial, así como los programas de atención e integración de la propia UANL, han ayudado a reducir la inseguridad.

Ejemplo de ello, dijo, es el seguimiento puntual que se da a cada caso y la cercanía con los familiares de los jóvenes, así como un programa tutorial para chicos de preparatoria que involucra a padres de familia, y uno más en centros comunitarios en regiones donde hay más violencia, donde se brinda educación a los jóvenes vulnerables y padres de familia, que hasta ahora atiende a mil 500 chicos.

En ese sentido, dijo, el convenio entre la CNDH y la Anuies para impulsar acciones de capacitación y promoción de derechos humanos en las instituciones de educación superior es vital.

Dichos organismos suscribieron este viernes un convenio para colaborar en acciones de capacitación, educación, promoción, protección e información que fortalezcan el desarrollo de los derechos humanos en México.

Sus titulares, Raúl Plascencia Villanueva y Rafael López Castañares, respectivamente, mencionaron que la alianza se da a la luz de la reforma constitucional de 2011, según la cual la educación que imparte el Estado tenderá a fomentar el respeto a los derechos humanos.

La reforma constitucional de 2011 introdujo en el artículo tercero el deber de todos los mexicanos de observar, promover y defender los derechos humanos, y particularmente el deber del Estado de educar en esa materia, señaló el ombudsman nacional.

Añadió que el convenio permitirá alinear esfuerzos con una agrupación que congrega a 175 instituciones encargadas de formar a los futuros profesionistas del país.

La educación es el terreno más fértil para sembrar los conocimientos; por ello, hay que sumar esfuerzos y líneas de trabajo, donde alumnos, profesores e instituciones públicas podamos conocer los derechos humanos y promover su defensa.

Fuentes de la Anuies precisaron que todavía no se cuenta con proyectos específicos y que el segundo paso será definir las actividades puntuales que se instrumentarán a fin de que los estudiantes universitarios conozcan a fondo el concepto de derechos humanos.