La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos (Odisea) exigieron al gobierno federal que retome los trabajos de la mesa interinstitucional para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas en escenarios del crimen organizado, y aplicar los protocolos para orientar el actuar de las fuerzas de seguridad, luego de que se identificó, entre los cinco ejecutados en Morelos, al menor Jorge Armando Moreno, quien formaba parte de una organización criminal.

En un pronunciamiento, recriminaron a las autoridades judiciales de Zacatecas el dejar desprotegido al menor de 13 años, al no dictar medidas asistenciales para la protección especial de éste y su familia, pese a que es una obligación del sistema de justicia hacerlo.

Ambas organizaciones denunciaron que la procuraduría de esa entidad incurrió en diversas irregularidades, entre ellas difundir su nombre completo (de Jorge Armando), violando con ello su derecho a la privacidad y colocándolo en grave riesgo para su vida, pues el adolescente pudo haber sido identificado por grupos criminales o funcionarios corruptos, quienes podrían verse afectados por información de la cual disponía.

Igualmente grave, indicaron, fue el hecho de que la procuraduría estatal presentó al menor como confeso y culpable, violando la presunción de inocencia, y “centró la comunicación hacia los medios en el llamado niño sicario, estigmatizando y criminalizando al adolescente sin haber presentado las pruebas al juez”. Con ello, agregaron, se violó la Ley de Justicia para Adolescentes en el estado.

Las organizaciones exigieron al gobierno de Zacatecas, al Tribunal Especializado de Justicia para Adolescentes y a la procuraduría estatal, aclarar públicamente el proceso llevado a cabo.

En su opinión, el proceso seguido al joven (a quien se liberó, porque no había cumplido los 14 años de edad), fue irregular y no se apegó a la referida ley, además de que el estado evadió su responsabilidad de rehabilitarlo socialmente.

Por ello, demandaron fincar responsabilidad a las y los funcionarios involucrados, en caso de que hubiera violaciones al debido proceso y a los ordenamientos de la ley.

Al gobierno federal le exigieron: avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en relación con la urgente protección a niñas y niños en el contexto de la lucha contra el crimen organizado; desarrollar un plan de prevención, protección e inclusión social para adolescentes vinculados a grupos armados no estatales, y avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia, entre otras acciones.

Las organizaciones también pidieron protección especial para el niño adiestrado por el cártel del Pacífico Sur, Édgar Ponchis, tras su liberación en diciembre próximo, para que no se repita un hecho tan lamentable como el ocurrido en Zacatecas.