a presentación de una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca homologar el salario base de cotización de las cuotas obrero–patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el que se reporta al fisco para el pago del impuesto sobre la renta (ISR), ha abierto un frente de confrontación entre los organismos cúpula del empresariado –concretamente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)– y el partido en el poder, de cuyas filas salió la referida propuesta de modificación legislativa. A decir de los primeros, la medida representa en los hechos un incremento arbitrario de las cuotas obrero-patronales, que derivaría en una afectación para los trabajadores –en la medida en que crearía incentivos para que los patrones dejen de pagar diversas prestaciones–, y representaría un mero paliativo para las dificultades financieras del instituto.

Debe recordarse que la referida propuesta de reforma, presentada hace tres semanas por legisladores el tricolor, parte de un reconocimiento de la necesidad de revertir la práctica, común entre los empresarios, de declarar al IMSS un ingreso menor del que se declara por concepto de ISR. Eso ha generado una situación de privilegio para los patrones, en la medida en que realizan aportaciones al instituto menores de las que deberían e incluso ven reducido su monto a pagar por concepto de impuesto sobre nómina; provoca un perjuicio a largo plazo para los trabajadores, quienes al final de su vida laboral terminan recibiendo pensiones menores, y origina, en última instancia, una afectación a los ingresos del instituto de seguridad social y un factor de riesgo para su viabilidad financiera.

Es innegable que las críticas y presiones de los órganos empresariales están orientadas a la defensa y preservación de una práctica equiparable a la simulación y la defraudación a los organismos de seguridad social, y exhibe además la doble moral característica de las agrupaciones patronales: por un lado, esas organizaciones encabezan una campaña de linchamiento mediático en contra de los maestros disidentes que protestan contra una reforma educativa impopular e inconsulta, pero se oponen, por el otro, a que las modificaciones a la Ley del IMSS puedan ser aprobadas sin consultar con los afectados directos. Por lo demás, la afirmación de que lo que el instituto requiere es una reconfiguración profunda que se acompañe de una reforma fiscal de gran calado, es cuando menos criticable a la luz de los injustificables privilegios fiscales de que gozan los principales miembros del CCE y la Coparmex.

En términos políticos, la postura crítica de los empresarios es significativa, en la medida en que el actual grupo gobernante, al igual que sus antecesores, se ha distinguido por el impulso a políticas abiertamente proempresariales y antipopulares: desde la reforma laboral –aprobada en las postrimerías de la administración anterior, pero con el decidido apoyo de los legisladores priístas–, que legaliza prácticas de flexibilidad laboral largamente reclamadas por los empresarios, hasta la reforma constitucional en materia telecomunicaciones, que actualmente se discute en el Senado y que tiene un claro perfil mercantilista. Está aun por verse si la enconada reacción de los organismos cúpula del empresariado ante la iniciativa comentada es un mero berrinche coyuntural o si terminará por erosionar la alianza político-empresarial que hace unos meses impulsó decididamente el retorno del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos. El segundo de estos escenarios terminaría por confirmar la postura irreductible de los grupos de poder fáctico ante cualquier perspectiva que afecte sus privilegios, por indebidos e improcedentes que resulten.