Madrid, 13 de abril.

Las protestas de las personas que han perdido sus viviendas a raíz de la crisis económica en España fueron calificadas de nazismo puro por María Dolores de Cospedal, secretaria general del gobernante Partido Popular (PP).

Los acosos, la violencia física y verbal, los ataques a las personas, a sus casas y a sus familias no refleja más que un espíritu totalitario y sectario. Es lo más contrario que hay a la democracia, consideró durante un acto del PP Cospedal, la número dos del partido, quien ocupa la siguiente posición en importancia sólo debajo del jefe de Gobierno, Mariano Rajoy.

Las movilizaciones de este sector de la sociedad se han multiplicado en días recientes en España, inspiradas en los escraches creados en Argentina a mediados de los años 1990 para denunciar a ex represores de la dictadura.

Pequeños grupos de manifestantes se reúnen desde hace semanas frente a oficinas y domicilios de políticos del PP para pedirles que voten en favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desalojos, desestimada por el gobierno de Mariano Rajoy, pese a haber recogido 1.4 millones de firmas.

¿Qué es esto de tratar de violentar el voto? Es nazismo puro, lanzó Cospedal, asegurando que en los años previos a la guerra civil española, de 1936 a 1939, enfrentó a partidarios de izquierdas y derechas. “Se iba a señalar a las casas a ciertas personas por pertenecer a determinados grupos, y decían ‘están ahí y tenéis que ir a atacar’”.

Exasperado ante la proliferación de los escraches, que considera un atentado contra la intimidad, el gobierno de Rajoy dio esta semana instrucciones a la policía para que mantengan a estos manifestantes a distancia prudencial del domicilio de los políticos.

La medida fue calificada de ilegal por la oposición socialista, porque limita de forma general el derecho a manifestarse.

En un país con más de 26 por ciento de desempleo y en plena recesión, miles de familias son expulsadas todos los años de sus hogares por no poder pagar créditos hipotecarios, un drama cada vez más preocupante en toda España, a raíz del cual se han producido varios suicidios, lo que ha despertado una fuerte indignación social.

La ILP pide que una nueva ley hipotecaria incluya la paralización de estos desalojos, la dación en pago (que la entrega de la casa baste para saldar la deuda) y que la familia afectada pueda permanecer en la vivienda mediante el pago de un pequeño alquiler social.

El gobierno izquierdista de Andalucía, la región de España más golpeada por el desempleo, decidió expropiar temporalmente viviendas a bancos e inmobiliarias para impedir desalojos, uno de los problemas más graves en esta zona del país. La medida entró en vigor este viernes y suscitó el rechazo del ejecutivo conservador de Madrid.