Washington, 16 de abril.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a pedir hoy a Venezuela que reconsidere su decisión de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos como vía para dejar de estar sometida a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Me permito reiterar un respetuoso llamado a la República Bolivariana de Venezuela para que reconsidere su decisión, dijo el presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, al presentar este martes en Washington el informe anual del organismo, en el que el país sudamericano vuelve a figurar en la lista negra de estados que no cumplen los estándares básicos en materia de derechos humanos.

La salida de Venezuela de la Corte IDH sustraería de la protección de la Corte Interamericana al conjunto de personas bajo la jurisdicción del Estado venezolano y reñiría con los propósitos de universalización, agregó Orozco.

Venezuela es uno de los países más críticos con el sistema interamericano de derechos humanos, al que acusa de estar parcializado y de seguir intereses neocoloniales.

En este sentido fue uno de los principales impulsores de un proceso de reformas de la CIDH que concluyó parcialmente el mes pasado y tras el cual numerosas organizaciones civiles denunciaron un intento de naciones como Venezuela por debilitar al reputado organismo de derechos humanos.

En septiembre de 2012 el entonces presidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana, primer paso para formalizar la salida de Venezuela de la Corte IDH.

Desde entonces, la CIDH ha pedido insistentemente a Caracas que reconsidere esta decisión, aunque esta es la primera vez que lo hace desde la muerte de Chávez, el mes pasado, y en plena transición a un gobierno que se prevé estará encabezado por el discípulo del fallecido mandatario, Nicolás Maduro, quien también ha criticado duramente al organismo.

Una de las principales quejas de Venezuela es su constante inclusión en el capítulo cuarto del informe anual, la lista negra de la CIDH sobre cumplimiento de derechos humanos.

Venezuela vuelve este año a dicha lista, al igual que otros habituales integrantes de años pasados: Cuba y Honduras.

Por el contrario, Colombia abandona el capítulo cuarto tras la visita “in loco (en el sitio de los hechos)” que realizó al país en diciembre del año pasado.

De este modo la CIDH cumple uno de los puntos de su propuesta de reforma: sacar al menos temporalmente de la denostada lista –uno de los aspectos que más ataques le ha valido al organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)– a “aquellos países que sean objeto de una visita in loco”, a la espera de una evaluación particular de dicha gira.

Según explicó hoy Orozco, la inclusión de Venezuela una vez más en la lista negra se debe a la identificación de situaciones estructurales como las modificatorias normativas que implican restricciones legales y administrativas que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos.

A ello se une la situación persistente de provisionalidad de los jueces y fiscales que degenera en una fragilidad del Poder Judicial, así como a falta de independencia e imparcialidad, entre otros.

Se suman además situaciones coyunturales, como la persistencia de graves situaciones de inseguridad ciudadana y de violencia en los centros penitenciarios, agregó Orozco.

En un capítulo cuarto muy similar al de años anteriores en su formulación, la CIDH considera en el caso de Cuba que la situación general de derechos humanos no ha variado, con una continuación de las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, así como la falta de elecciones libres, de independencia del Poder Judicial y las restricciones a la libertad de movimiento.

Respecto de Honduras, que figura en la lista negra desde el golpe de Estado que en 2009 sacó del poder al entonces presidente Manuel Zelaya, la CIDH considera que desde entonces se mantiene un alto grado de inclumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, además de preocupar la situación de seguriad ciudadana o la independencia del Poder Judicial, entre otros.