Nueva York, 16 de abril.

Un grupo bipartidista de senadores reveló hoy los principales detalles de su largamente esperada propuesta legislativa que, si prospera, será la mayor reforma de leyes migratorias en más de un cuarto de siglo, al legalizar potencialmente a millones de indocumentados al precio de intensificar la seguridad fronteriza y el control de la población inmigrante.

Aun antes de presentarse formalmente en la cámara alta, la propuesta detonó hoy, una vez más, el gran debate sobre quién entra, quién se queda, cómo y bajo qué reglas, en este país de inmigrantes, algo que se acelerará en las próximas semanas tanto en los pasillos del poder como en las calles del país.

El presidente Barack Obama ha declarado que la reforma migratoria es una de las tareas prioritarias de su segundo mandato y ha invertido enorme capital político en el esfuerzo. Por su lado, el liderazgo del Partido Republicano –aun ante la oposición de sus bases– también ha reconocido, después de su derrota electoral en noviembre, que su futuro político depende de dejar de obstaculizar una reforma y enajenar al sector latino, así como un amplio abanico de intereses empresariales y religiosos que favorecen una reforma.

El grupo bipartidista de ocho senadores de alto perfil negoció en privado durante los últimos meses para elaborar su propuesta, buscando formular algo políticamente viable para sus colegas y para los diversos intereses que participan en este debate.

Después de una reunión privada hoy sobre el proyecto de ley con dos de los senadores del grupo en la Casa Blanca, Obama declaró que “este proyecto de ley es claramente una versión negociada, y nadie obtendrá todo lo que deseaba, yo incluido. Pero es en gran parte consistente con los principios que repetidamente he presentado para una reforma integral. Insto al Senado a proceder rápidamente con este proyecto… Estoy preparado para hacer lo necesario para asegurar que la reforma migratoria sea una realidad lo más pronto posible”.

Los ingredientes esenciales de la propuesta incluyen una vía hacia la ciudadanía para indocumentados de un plazo de no menos de 13 años combinada con una serie de medidas, entre ellas el gasto hasta de 5.5 mil millones de dólares en el transcurso de 10 años para ampliar las fuerzas de seguridad, tecnología y bardas a lo largo de la frontera con México, incluido el uso de drones.

Si el proyecto prospera más o menos intacto y logra ser aprobado en ambas cámaras y es promulgado por el presidente, se calcula que un total de 11 millones de indocumentados (58 por ciento de ellos mexicanos) podrían iniciar un proceso de legalización seis meses después de que la ley entre en vigor.

El esfuerzo para asegurar la frontera suroeste tendría que estar plenamente implementado –los medidores incluyen un control efectivo de las zonas de alto riesgo de la línea fronteriza y la detención del 90 por ciento del flujo humano en esas mismas zonas– antes de que cualquier indocumentado pueda solicitar la residencia permanente (la green card).

La fórmula para la legalización y posible ciudadanía es que todo indocumentado que haya ingresado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 primero tiene que registrarse para obtener un permiso provisional que les permite trabajar y viajar. Después de por lo menos 10 años, y a cambio de pagar una multa hasta de 2 mil dólares, aprender inglés, no tener historial criminal, saber algo de cívica, haber trabajado de manera constante en este país, puede solicitar la residencia permanente.

A la vez, las solicitudes de residencia permanente serán evaluadas por un sistema de mérito, donde cada solicitante acumula puntos por cuestiones como experiencia y antigüedad laboral, nivel de educación, estancia en Estados Unidos y lazos familiares de cada solicitante. Aquí, los antes indocumentados estarán en competencia con otros inmigrantes, incluidos los que han solicitado de manera legal su residencia desde hace 10 años o más.

Mientras los inmigrantes vivan en esta condición provisional, no tienen derecho a ningún beneficio de programas sociales federales. Para indocumentados que llegaron al país como menores de edad, la propuesta les ofrece una vía rápida para poder obtener la ciudadanía después de sólo cinco años en el nuevo sistema.

Otra medida dentro de la iniciativa de ley –la cual tiene cientos de páginas– es la verificación por empleadores de la condición migratoria de todo nuevo empleado.

También propone reducir categorías de familiares que pueden solicitar la residencia permanente (eliminaría a hermanos/as de ciudadanos estadunidenses y limita la edad a menos de 31 años para hijos e hijas).

A la vez, empleadores en busca de trabajadores con altos niveles de capacitación tendrán un programa ampliado de decenas de miles de visas adicionales para contratar a inmigrantes para esos puestos.

Por otro lado, se proponen dos tipos de programas de trabajadores huésped: uno para jornaleros en el sector agrario y otro para otros sectores que requieren mano de obra temporal no calificada.

En otra medida, a los deportados por razones no criminales que califican para el nuevo programa les será permitido reingresar al país bajo la condición provisional, siempre y cuando tengan un esposo/a o un hijo que es residente permanente o ciudadano.

Muchos promotores de una reforma y defensores de los derechos de los inmigrantes ya critican algunos elementos de esta propuesta, sobre todo por ofrecer un camino difícil y oneroso para los indocumentados hacia la legalización, así como por hacer tantas concesiones a los conservadores en cuanto a la seguridad fronteriza y el control sobre las comunidades inmigrantes.

La oposición a estas iniciativas ya ha expresado su repudio a lo que consideran una amnistía para los indocumentados, al denunciar que se les está premiando por violar la ley, y que eso sólo promueve que otros hagan lo mismo.

El grupo bipartidista de ocho senadores que negoció y elaboró la propuesta está integrado por veteranos de estas batallas, incluidos los demócratas Charles Schumer, Richard Durbin y Robert Menendez (con una nueva adición al proceso de Michael Bennet de Colorado), y sus contrapartes republicanos John McCain, Lindsey Graham y Jeff Flake. Sin embargo, la nueva participación de Marco Rubio, bautizado como nueva estrella de su partido, con apoyo de bases del Tea Party, ha cambiado el tablero y ha inyectado optimismo al proceso.

Este es el comienzo de un proceso, no el fin, declaró hoy McCain después de reunirse con Obama, al indicar que en las próximas semanas habrá audiencias, se formularán enmiendas y habrá más debates. Pero estoy confiado en que al final tendremos una legislación sobre el escritorio del presidente porque los principales jugadores involucrados en este asunto están a bordo.