Nueva York, 24 abril.

La estrategia antinarcóticos nacional presentada hoy por la Casa Blanca detalla una reforma de políticas de droga enfocada más en el tratamiento y prevención, y en equilibrar los esfuerzos de seguridad pública dentro y fuera de Estados Unidos con un mayor énfasis en la salud pública para abordar el problema. Sin embargo, descarta, una vez más, la opción de la legalización.

Gil Kerlikowske, director de la oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, conocido como el zar antinarcóticos, presentó hoy la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2013 en Baltimore, donde afirmó: “no vamos a solucionar el narcotráfico por la vía de la legalización de las drogas y tampoco vamos, en mi carrera, a resolverla por la vía de los arrestos…”, y por lo tanto presentó lo que llamó una propuesta del siglo XXI que equilibria varios programas a los que calificó de alternativa innovadora a la guerra contra las drogas.

Este plan representa una manera más inteligente de abordar la política de drogas en Estados Unidos; una basada en la premisa de que la adicción es una enfermedad que puede ser prevenida y tratada. Tenemos que abordar el uso de drogas como un asunto de salud pública, no sólo como un asunto de justicia criminal, declaró Kerlikowske.

Su oficina indica que 22 millones de estadunidenses necesitan tratamiento por un desorden de uso de drogas, pero sólo 2 millones lo reciben.

Aunque la oficina antinarcóticos de la Casa Blanca indica que el uso general de drogas en este país se ha reducido 30 por ciento en las últimas tres décadas (incluyendo 50 por ciento de reducción en cocaína), la estrategia afirma que el costo económico del uso de drogas sigue siendo enorme.

Calcula que en 2007 este costo fue de más de 193 mil millones en productividad perdida, costos de salud y justicia criminal. Agrega que los costos humanos son aún peores, ya que las muertes por sobredosis ahora superan los homicidios y accidentes automovilísticos como la mayor causa de muerte por daños físicos en Estados Unidos.

El presupuesto solicitado para el año fiscal 2014 para aplicar esta estrategia es de 10.7 mil millones para programas de educación y tratamiento, 9.6 mil millones para el rubro de aplicación de ley y seguridad pública, 3.7 mil millones para la interdicción de drogas ilícitas más 1.5 mil millones para programas internacionales.

Con estas cifras, a pesar del énfasis retórico y la ampliación de programas de prevención y tratamiento, la mayoría del presupuesto, como ha sido el caso durante décadas, continúa dando prioridad a programas de seguridad pública doméstica e internacional. Aunque desde la llegada de Barack Obama y Kerlikowske a la Casa Blanca se ha buscado cambiar el nombre de guerra contra las drogas, ésta sigue siendo financiada por los programas presentados hoy.

Sin embargo, la Casa Blanca enfrenta un giro político en su país, y a nivel internacional, a favor de la despenalización y hasta legalización de las drogas, sobre todo la mariguana que no aborda en su estrategia más allá de rechazarla. En noviembre, votantes en los estados de Colorado y Washington aprobaron referendos que legalizan el uso recreativo de la mariguana (más de 14 han aprobado el uso medicinal de la planta). Por otro lado, por primera vez una mayoría de estadunidenses afirmó que la mariguana debería de ser legalizada según una encuesta del mes pasado del Centro de Investigación Pew. A escala internacional, un coro cada vez más amplio de presidentes y ex presidentes, empresarios, ex altos funcionarios, incluidos estadunidenses, y más, han expresado apoyo a favor de la despenalización y hasta la legalización de algunas drogas.

Al señalar que México y Estados reconocen los beneficios de la cooperación mutua ahora y en el futuro como socios estratégicos en seguridad, la estrategia indica que los esfuerzos de colaboración en el contexto de la Iniciativa Mérida han promovido una cooperación cada vez más cercana entre agencias de ambos gobiernos que ha resultado en logros significativos. Como ejemplo, señala que en 2012 México anunció que 23 de los 37 criminales más buscados habían sido muertos o arrestados, se estableció una academia federal penal y que más de 7mil 500 oficiales judiciales federales y 19 mil estatales habían sido capacitados en las nuevas reglas del sistema judicial.

Sin embargo, el enorme flujo de ingreso a las organizaciones criminales trasnacionales del comercio de drogas y una gama de actividades de contrabando criminal continúa teniendo un efecto desestabilizador sobre todo el hemisferio, afirma el documento y añade que por lo tanto Estados Unidos trabajará con el nuevo gobierno de México para continuar los esfuerzos conjuntos para desmantelar y derrotar a estas redes violentas, reduciendo su impacto negativo sobre la estabilidad regional y la seguridad nacional tanto de México como de Estados Unidos.

Con la Iniciativa Mérida en el periodo 2008-20012, la DEA ha coordinado y/o conducido 117 cursos de capacitación para agencias mexicanas con una participación total de 3 mil 737 oficiales. Los cursos incluyen técnicas de investigación de lavado de dinero, manejo de evidencia, manejo de investigaciones criminales y análisis de inteligencia. El Departamento de Estado ha entregado más de 300 instrumentos polígrafos y demás equipo para verificar a personal de seguridad. En 2012 el Departamento de Estado también entregó los últimos dos helicópteros Blackhawk UH-60M a la policía federal mexicana (para un total de seis en la Iniciativa Mérida). También se han entregado cuatro aeronaves CASA CN-235 a la Marina y un sistema de radar.

Consultar el documento de la estrategia