Firme aquí, le dijo un marino acompañado por un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León a Cristina Compeán Olmeda, al tiempo que le entregaban a su nuera un cheque por 180 mil pesos por el asesinato de su hijo José Humberto Márquez Compeán a manos de elementos de la Marina Armada de México.

“No supe lo que firmé; me estuvieron convenciendo. Supuestamente era una indemnización, pero ahora me dicen que ya no tengo derecho a reclamar justicia por la ejecución de mi hijo. Fueron los marinos, pero ni siquiera sé los nombres de los homicidas. Siempre me dijeron que fue “AR1 y otros”, dice conteniendo el llanto.

El caso de Márquez Compeán no fue incluido en la agenda del relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, durante su visita a México, cuyo informe preliminar muestra que la impunidad que protege a las fuerzas armadas y a policías estatales y federales es sistémica y endémica.

El visitador fue informado de los casos por una sola agrupación: Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), y su directora, la monja Consuelo Morales, convocó únicamente a los familiares elegidos. “Nosotros tampoco fuimos notificados, y nuestro caso es un claro ejemplo de ejecución extrajudicial por integrantes del Ejército Mexicano. Quieren dar carpetazo al caso”, comenta sorprendido Enrique David Guerrero Medrano, representante de la Asamblea Estudiantil del Tecnológico de Monterrey, encargada de exigir justicia por el asesinato de los alumnos Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, cuyo responsable es identificado por Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como AR2, y fue acusado únicamente de alteración de la escena del crimen cometido el 19 de marzo de 2010.

Otro ejemplo de la impunidad existente en la mayoría de los casos es la ejecución extrajudicial de Jorge Otilio Cantú Cantú, cometida por siete militares el 18 de abril de 2011; dos de ellos fueron acusados solamente de alterar la escena del crimen, por lo que están libres, y cinco aún no reciben sentencia después de dos años del homicidio. A mí tampoco me avisó Cadhac (de la visita del relator de la ONU). Seguramente porque fue un encuentro que incluyó al gobernador y yo no estaba dispuesto a callarme la verdad. En mi caso las cosas siguen igual de impunes, como al principio. Continúan protegiendo a los militares asesinos de mi hijo. Es un crimen de Estado. No voy a descansar hasta que los vea sentenciados, dice en entrevista el doctor Jorge Otilio Cantú González, quien tuvo que desplazarse al Distrito Federal para hablar con Heyns.

Luchar contra el olvido

Karen Paola Acosta Luján tiembla; le sudan las manos, no puede hablar, sólo llorar. Hace unos momentos recordó ante Christof Heyns cómo elementos de la Marina entraron a su casa el primero de septiembre de 2011 y ejecutaron a su hermano Gustavo a corta distancia; un caso que sigue en la impunidad sin ningún avance.

“Durante 20 minutos les conté cómo lo asesinaron. Era como si hubiera sucedido ayer. Les platiqué de corrido. Reviví todo, la forma en que le dispararon en la frente cuando les abrió la puerta y él estaba con los brazos en alto diciéndoles que se calmaran, que había familia y una niña. Les dije la forma en que nos apuntaron a mi mamá y a mí gritando: saquen las armas y al que tienen escondido. Nos llevaban a jalones, mientras mi hermano yacía en un charco de sangre, y nos gritaban: “¡si voltean las vamos a tronar!... Al día siguiente la Marina emitió un comunicado haciendo pasar a mi hermano como un delincuente, con el alias El M30.

El caso de Gustavo Acosta Luján fue incluido en la visita del relator de la ONU, igual que el del matrimonio Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña, ejecutados extrajudicialmente por elementos del Ejército Mexicano el 3 de marzo de 2010, en Anáhuac, Nuevo León, cuando volvían de trabajar en una maquiladora.

Quedaron en medio del fuego cruzado entre el Ejército y hombres armados, cuando iban en su coche. Al terminar la balacera salieron con las manos en alto y ella pidió ayuda a un militar: ‘¡Auxilio! Mi marido se está desangrando’, pero a continuación recibió una ráfaga de ametralladora; murió de 14 balazos y Juan Carlos de seis. Luego fueron rematados con el ‘tiro de gracia’; dejaron huérfanas a dos niñas, de ocho y tres años.

En la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene investigaciones abiertas, pero no en todos emite recomendaciones, ni siquiera un pronunciamiento, dice Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, quien también se entrevistó con Heyns. El problema es que la CNDH sigue sin pronunciarse sobre hechos como la masacre y las fosas de San Fernando, Tamaulipas; algo que no es justificable, pero es un patrón de comportamiento en cuanto a la negación de la justicia y la falta de investigación.

Muchos familiares de ejecutados por elementos de las fuerzas armadas no saben siquiera los nombres de quienes los mataronFoto Sanjuana Martínez

Señala que la primera masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrió el 23 de agosto de 2010, cuando ejecutaron a 72 migrantes: 58 hombres y 14 mujeres. La segunda fue el 6 de abril de 2011; asesinaron masivamente al menos a 193 personas, quienes fueron encontradas en fosas clandestinas “Hay casos donde hubo presencia de policías, en otros no podemos asegurarlo, pero está clara la inoperancia y ausencia del Estado, la falta de investigación, la impunidad y cómo los delitos se perpetúan. Por ejemplo, en el sur del país hay presencia de Policía Federal con las bandas del crimen organizado, donde avientan a los migrantes, y de esto ya tiene conocimiento la PGR; les dije que no es un tema nuevo, que hay denuncias, pero no ocurre absolutamente nada.

“Recogimos las experiencias de los migrantes durante todo su recorrido por México y cómo han visto que sus compañeros son lanzados del tren cuando no pagan la cuota que pide el crimen organizado en connivencia con las autoridades.

Aquí en Monclova un migrante fue lanzado porque no traía 100 dólares que le pedían, y quedó mutilado de sus piernas. También abordamos el caso de los 49 torsos tirados en Cadereyta, porque el gobierno de Nuevo León asumió que no se trataba de mexicanos, sino de migrantes. El caso sigue sin resolverse, señala.

En México no hay estadísticas de ejecuciones extrajudiciales, práctica que según el general Bibiano Villa, ex secretario de seguridad en Torreón, es común, según dijo en entrevista con La Jornada. “Antes aquí correteaban a los policías, ahora ni madres, los correteamos a ellos, y donde los alcanzamos los matamos. Aquí hay que romperle la madre al cabrón que ande mal... Cuando agarro a un zeta o Chapo lo mato. ¿Para qué interrogarlo? Que le vaya a decir a San Pedro lo que hizo”, afirma.

Excluir para cerrar casos

Los intentos de dar carpetazo a los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por Ejército, Marina y policías federales, estatales y municipales preocupan a las organizaciones de derechos humanos y a los familiares de las víctimas.

Cristina Compeán Olmeda consiguió una foto de su hijo cuando era subido a un helicóptero por elementos de la Marina. La imagen fue publicada por los periódicos. Al día siguiente el cuerpo de su hijo José Humberto Márquez fue encontrado tirado en una calle en San Nicolás de los Garza, con bolsitas de cocaína y claras huellas de tortura. La CNDH emitió una recomendación de indemnizar a la viuda y sus tres hijos, y de llevar ante la justicia a los marinos responsables.

La monja Consuelo Morales nos prohíbe hablar del gobernador

Le dieron el dinero a mi nuera y la hicieron firmar no sé qué tantos papeles. Le dieron 180 mil pesos, bien poquillo, pero ya se lo gastaron. Ella ni ha buscado justicia; se juntó con otro muchacho a los ocho meses de muerto mi hijo y dijo que ya no quería saber nada, pero yo sigo, y ahora me quieren callar por lo que hizo mi nuera.

Su caso fue abandonado por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, que sostiene reuniones mensuales con Cadhac. Nadie sabe decirme cómo se llaman los asesinos de mi hijo. Nadie le movió nada, ni Cadhac, y luego la hermana (Consuelo Morales) sacó mi expediente, como sacó muchos otros. Estoy muy decepcionada. Me quitaron un pedazo de mi vida. A veces veo las camionetas de los marinos y pienso: ¿cuál de todos será el asesino de mi hijo?.

Amada Puentes González, madre de Gustavo Castañeda Puentes, también señala que Cadhac sacó su expediente: la monja amenaza a los familiares de las víctimas con sacar sus expedientes de la procuraduría si hablan; para todo se le debe pedir permiso, si no, inmediatamente saca los expedientes. No es justo. Moralmente nos sentimos solas, aisladas del mundo, se nos cierran las puertas.

Ella y una veintena de familiares de víctimas afectadas por Cadhac han decidido crear Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, según dice Ernesto Vidal Negrete, padre del desaparecido Ernesto Efraín Vidal Flores. Quedamos muy lastimados.Ya no aguantábamos el maltrato de la monja Consuelo Morales, que está cada vez más cercana al gobernador Rodrigo Medina; hasta nos prohibió decir nada contra él y contra el procurador Adrián de la Garza. Todo lo va suavizando. Quieren dar carpetazo a los casos. Nosotros tenemos que seguir luchando por justicia, aunque estemos clamando en el desierto, desesperados, hincados afuera del palacio de gobierno pidiendo justicia.