Ocho de los 12 ex funcionarios de la empresa paraestatal iii Servicios, quienes presuntamente determinaron en forma indebida que la obra Estela de Luz fuera contratada sin un procedimiento de licitación, presentaron recursos de apelación del auto de formal prisión que enfrentan por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, informaron fuentes cercanas a sus abogados.

La semana pasada, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del juzgado décimo cuarto de distrito en procesos penales en el Reclusorio Sur, dictó auto de formal prisión a los inculpados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, dentro de la causa penal 115/2012.

Los ahora procesados son Domitilo Barragán Álvarez, ex gerente jurídico; Juan Ricardo Díaz Ortega, ex subgerente de construcción; Bernardo Garza Garza, ex gerente comercial; Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, ex subgerente de concursos, y Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de administración y finanzas.

También están Sergio Salas Arellano, ex coordinador de mantenimiento Zona Centro; José Carlos Olivares Correa, ex subgerente de contabilidad y presupuesto, y Érick Treviño Lartundo, ex subgerente de evaluación, estadística y mejora.

El 9 de octubre de 2007 el gobierno federal constituyó el Fideicomiso para los Festejos del Bicentenario y fue éste quien hasta el 11 de diciembre de 2009 pidió contratar a iii Servicios, una subsidiaria de Pemex, para encargarle la obra del monumento.

El 5 de enero de 2010, nueve meses antes de la fecha en que pretendían inaugurar la Estela de Luz (15 de septiembre), el Comité de Obra Pública del que formaban parte los acusados, votó en favor de una excepción a la licitación, porque este procedimiento podía alargarse con las objeciones.

Para la Procuraduría General de la República (PGR), esta decisión fue una autorización de contenido económico, porque originó que después se hicieran los contratos de obra y supervisión, cuyo costo fue casi el triple de lo inicialmente proyectado, ya que de 390 millones iniciales pasó a más de mil.

No obstante, los ex funcionarios acusados no firmaron contratos de obra ni sus modificaciones, ni ejercieron los recursos.