Ejidatarios de San Juan Bachajón, Chiapas, pidieron al ministro Juan Silva Meza, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que garantice las condiciones de imparcialidad, objetividad e independencia en el estudio y resolución del caso de la posesión de las cascadas de Agua Azul, ubicadas en el municipio de Chilón.

Los tzeltales Mariano Moreno y Domingo Pérez Alvarado puntualizaron que no hay ninguna autorización del ejido para la instalación de una caseta única de cobro en dicho lugar; el acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas lo firmó un grupo de ocho ejidatarios encabezados por los ex comisariados Pedro Alvarado Hernández y Francisco Guzmán Jiménez.

En conferencia de prensa explicaron que en febrero de 2011, autoridades federales y de Chiapas se posesionaron ilegalmente de 2 mil 590 metros cuadrados del ejido para la instalación de la caseta, y además quieren desarrollar un proyecto turístico en la región y presionan a los ejidatarios que se defienden del despojo y reclaman respeto a sus derechos colectivos sobre las tierras de uso común.

En el escrito que entregaron al magistrado, los indígenas asentaron que en marzo de 2011 interpusieron un amparo contra el despojo de seis terrenos y en enero pasado el juez séptimo de distrito, José del Carmen Constantino Avendaño, desechó el amparo. Los ejidatarios volvieron a reclamar la protección jurídica y el 16 de mayo el tercer tribunal colegiado de Tuxtla Gutiérrez ordenó la reposición del procedimiento y que se notifique a la asamblea de ejidatarios.

Durante su estancia en la ciudad de México, ambos indígenas acudieron a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a solicitar su intervención y volvieron a pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte medidas cautelares para proteger a las autoridades autónomas del ejido, así como a la familia de Juan Vázquez Guzmán, asesinado el 24 de abril por participar activamente en la defensa del ejido.