Al suscribir un acuerdo con el magisterio disidente, el gobierno de Chiapas se comprometió a que en esa entidad el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los trabajadores de educación básica y media superior no estará condicionada por ninguna evaluación estandarizada con carácter punitivo que afecte sus derechos laborales.

De acuerdo con la minuta suscrita el pasado 15 de mayo entre autoridades estatales y la representación de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)–, el gobierno estatal deberá garantizar que las evaluaciones a los docentes atiendan los criterios de respeto, equidad, imparcialidad y pertinencia cultural y lingüística, con la finalidad de reconocer el perfil y mérito de los maestros.

El documento –del cual tiene copia La Jornada– fue suscrito por Roberto Antonio Rubio Montejo, secretario técnico del gobernador Manuel Velasco; Ricardo Aguilar, titular de la Secretaría de Educación Pública de Chiapas, y la dirigencia magisterial, encabezada por Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de los disidentes.

Luego del paro de labores contra la aprobación de la reforma educativa, que concluyó el pasado 20 de mayo, la administración estatal también se comprometió a garantizar que los acuerdos entre el consejo rector del Pacto por México, el gobierno federal y la CNTE “serán ratificados por el gobierno de Chiapas.

Así como a fortalecer la educación pública, laica y obligatoria, como ordena la Constitución, garantizando la construcción, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de las escuelas en todo el estado.

En tanto, el pasado fin de semana la asamblea de la sección 22 de Oaxaca acordó fortalecer la jornada de lucha nacional y el plantón instalado en el Zócalo capitalino, así como sumarse de forma masiva a las acciones a escalas estatal y nacional para exigir la libertad de los profesores Lauro Atilano Grijalvo y Mario Olivera, así como de los activistas Sara Altamirano y Damián Gallardo.

Los profesores oaxaqueños también aprobaron declararse en alerta máxima ante la posibilidad de realizar un paro estatal en cuanto inicie la discusión de las leyes secundarias en el Congreso federal.

Para este miércoles se convocó a una movilización en diferentes regiones de Oaxaca y la realización de bloqueos con el propósito de impulsar la mesa de negociación nacional que se instalará con funcionarios de la Secretaría de Gobernación en la capital del país para tratar los temas de los profesores detenidos y las órdenes de aprehensión emitidas en el contexto de las protestas magisteriales contra la reforma educativa.