n tribunal de Buenos Aires condenó ayer al ex presidente Carlos Saúl Menem, quien gobernó entre 1989 y 1999, a siete años de prisión inconmutable por haber contrabandeado armas entre 1991 y 1995 con rumbo a Ecuador y Croacia. El proceso culminó también con una sentencia de cinco años y medio de cárcel para su ministro de Defensa. El delito es condenable en sí mismo, y tiene varios agravantes: uno de ellos es que fue cometido al amparo del poder presidencial; otro, que constituyó una traición al país y a su política exterior, por cuanto Argentina fungía como mediador en el conflicto que mantenían Perú y Ecuador por una disputa territorial y que llegó incluso al punto de los enfrentamientos bélicos; por añadidura, el ex mandatario violó el embargo internacional de armas decretado por los organismos internacionales para los países de la región balcánica.
Es pertinente recordar que los delitos por los cuales Menem ha sido enviado a la cárcel fueron perpetrados en un contexto específico: el del modelo neoliberal implantado en Argentina y en otros países –entre ellos, México– en esa época. Significativamente, uno de los argumentos preferidos de los promotores del también llamado Consenso de Washington para transferir a manos privadas toda la propiedad pública posible era que el Estado es intrínsecamente ineficiente como administrador y, aun peor, básicamente corrupto. En contraste, alegaban los gobernantes neoliberales –el propio Menem en Argentina, Carlos Salinas en México, Alberto Fujimori en Perú– la iniciativa privada era una administradora eficiente y virtuosa que sanearía las empresas desnacionalizadas y las haría más competitivas, productivas y transparentes.
Sin embargo, al amparo de esa coartada se perpetraron saqueos monumentales, turbios y corruptos, y se cometieron un sinnúmero de irregularidades administrativas, fraudes e ilegalidades diversas, desde apropiaciones indebidas de recursos públicos hasta severísimas violaciones a los derechos humanos y colectivos.
En esta perspectiva, el proceso contra Menem da pie al inicio de una revisión histórica de lo que ha sido llamado el saqueo
menemista. Tras los juicios contra numerosos integrantes de las dictaduras militares (1976-1983), empezando por los que se realizaron –entre otros– contra el recientemente fallecido Jorge Videla, es claro que la nación sudamericana debe llevar a cabo un minucioso proceso para esclarecer las irregularidades perpetradas por la admnistración menemista y las otras del ciclo neoliberal.
Según puede verse, en la nación pampera están dadas las condiciones políticas y sociales para esa tarea. En México, en cambio, habrá que esperar circunstancias más propicias para echar luz sobre el cúmulo de negocios sospechosos realizados durante el ciclo neoliberal, desde las privatizaciones de empresas públicas realizadas en el sexenio salinista y el rescate
bancario emprendido por Ernesto Zedillo, hasta los dudosos manejos presupuestales del gobierno de Vicente Fox y los malos negocios energéticos efectuados por el gobierno calderonista.
