a reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución ha provocado rebelión entre el magisterio nacional. A partir de sus magnas movilizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación acuerdan –en mesa de negociaciones– la realización de foros regionales con el propósito de abrir espacios para discutir los alcances y las afectaciones de la llamada reforma educativa, hasta llegar al foro nacional que se llevará a cabo el 11 de julio en la ciudad de México. Como relator nacional de los foros de Oaxaca y Chiapas, tuve la oportunidad de escuchar principalmente a los docentes, pero también a legisladores y delegados de los gobiernos federal y estatal, así como a padres de allumnos e integrantes de diversas organizaciones sociales. En estas nutridas y representativas reuniones prevaleció la abrogación de la reforma con base en los siguientes argumentos.

La reforma rompe con el espíritu y la letra del artículo 3 constitucional original, plasmado en la Carta Magna de 1917. Significa una contrarreforma, un retroceso que rompe con el pacto social y político de la Revolución Mexicana, comparable con la contrarreforma salinista neoliberal al artículo 27 constitucional que pone a la venta las tierras de propiedad ejidal y comunal.

Se trata también de una acción autoritaria y restrictiva, que se realiza de espaldas a la sociedad y sin haber tomado en cuenta a quienes sostienen el sistema educativo nacional: el magisterio y los padres de familia. Tampoco se pidió la opinión de expertos en universidades y centros de investigación, y en instituciones del ramo, como la Universidad Pedagógica Nacional y el sistema de escuelas normales. En suma, se quebranta el derecho a una consulta previa, libre e informada.

Esta iniciativa no se origina en los poderes constituidos: no surge del Constituyente permanente o del Poder Ejecutivo federal, sino se concibe en poderes fácticos de carácter empresarial que pretenden la privatización y mercantilización de la enseñanza y el control ideológico y político de los educandos y que se encubren en organismos como Mexicanos Primero. Para lograr este propósito, estos poderes fácticos emprenden una campaña de satanización y criminalización del magisterio y de sus organizaciones sindicales de carácter democrático. Los legisladores del Congreso de la Unión, por su parte, actuaron como empleados de una ventanilla de trámite de esos poderes fácticos y del Ejecutivo federal, introduciendo conceptos como calidad, eficiencia, competencia, mejoramiento constante, evaluación, etcétera, provenientes del mundo corporativo trasnacional.

Se trata, en realidad, de una reforma laboral-administrativa contraria al artículo 123 constitucional, que pretende desmantelar retroactiva e inconstitucionalmente los derechos adquiridos por el gremio magisterial durante décadas, afectando su permanencia en el empleo, sus salarios y condiciones de trabajo y jubilación, así como los procesos de escalafón e ingreso. Somete a los maestros a un régimen de excepción y busca despedir a miles de ellos, precarizar aún más el trabajo magisterial, romper sus estructuras gremiales, especialmente las democráticas, introducir la competencia entre pares y el darwinismo social, acabar con la ayuda mutua y la solidaridad, incrementar la jerarquización y el manejo discrecional del personal en todos los niveles y estructuras, sin resolver, por otro lado, los problemas de rezago educativo, analfabetismo, falta de equidad, las escuelas multimodales y las graves carencias en la infraestructura escolar.

Se rompe con la gratuidad de la educación con la validación de las cuotas, y se pretende, con supuestas atribuciones de autonomía y gestión escolar, poner la carga económica sobre la sociedad y los padres de familia. Al mismo tiempo que el Estado se sustrae de sus obligaciones constitucionales, obliga al sistema educativo a depender de financiamientos externos espurios que pudieran tomar el control de las escuelas públicas, administradas en los hechos por la iniciativa privada e, incluso, por asociaciones religiosas o de otra naturaleza, todo lo cual pretende acabar con los candados de una educación pública, laica y gratuita.

La reforma, por descansar en gran parte en el fetiche de una evaluación permanente, que tiene un carácter punitivo, por la estandarización y aplicación de pruebas como Enlace y PISA, violenta el carácter plurilingüe, pluricultural y pluriétnico de la nación mexicana, además de hacer caso omiso de las diferencias sociales, económicas y de condiciones de vida y entornos familiares de los educandos y de los propios maestros. En consecuencia, es una reforma profundamente discriminatoria, racista y clasista, que violenta la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los artículos 1 y 2 de la Constitución.

El magisterio democrático no pretende enfrentar la reforma sin ofrecer alternativas. La prueba de esta disposición propositiva son los propios foros, en los cuales se hacen propuestas para una reforma educativa que realmente encare los grandes y graves problemas del sistema educativo. Se propone una educación humanista, no clasista, creadora, participativa, solidaria, Para ello, se ha abierto el debate a la sociedad, con un sentido crítico y autocrítico, que tome en cuenta las actitudes de negligencia, falta de compromiso, corrupción y ausencia de ética profesional de muchos maestros, a partir de las cuales se estigmatiza a todo el gremio. Se toma conciencia de que una educación alternativa requiere de un proyecto de nación también alternativo.

La CNTE ha propuesto tres rutas para abrogar la contrarreforma: la política, la jurídica y la pedagógica, con la participación protagónica de la base trabajadora de la educación, los padres de familia y la sociedad en su conjunto.