En un rincón del parque Cuscatlán de San Salvador, cerca del centro capitalino, una hilera de placas de granito negro registra en grandes bloques, a lo largo de 85 metros, los nombres de 25 mil civiles muertos o desaparecidos en los años ochenta y noventa, apenas un fragmento del saldo final de la guerra. Dos o tres claveles secos, pegados con cinta adhesiva, indican que hace no mucho alguien recordó, en ese sitio, a su ausente querido. Pero ese Monumento a la Memoria y la Verdad, erigido en 2003 por organizaciones civiles, no por el Estado, contiene apenas un pedazo de la tragedia humana que significó el conflicto armado.

En otro rumbo, en una de las nuevas colonias residenciales que cubren de cemento los huertos de café que antes bordeaban la ciudad, se levanta una especie de obelisco con una inscripción: Sí a la patria, no al comunismo.

Es en homenaje al mayor Roberto d’Aubuisson, figura emblemática de la ultraderecha salvadoreña, héroe de las rancias 14 familias –que en un tiempo fueron dueñas únicas del país–, fundador del partido Arena –que gobernó durante 20 años, hasta marzo de 2009– y creador de los escuadrones de la muerte.

Se recuerdan los programas de radio matutinos en los que participaba el mayor, donde leía las listas negras de quienes tachaba de subversivos: defensores de derechos humanos, curas progresistas, líderes obreros y campesinos, periodistas, estudiantes y profesionistas que los días siguientes aparecían asesinados a las orillas de los caminos, por centenares. También se le señala como responsable del asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1980. Quizá sea la única rotonda del país que requiere vigilancia militar permanente, porque un día sí y otro también, manos anónimas lanzan huevos y basura contra la piedra que recuerda al jefe paramilitar.

Son dos puntas opuestas de la memoria dividida que se abre como un abismo en la sociedad de este pulgarcito centroamericano.

Terry Karl, politóloga, catedrática de la Universidad de Stanford, cuya especialidad es el conocimiento profundo de la legislación militar de El Salvador, explica que la palabra amnistía viene del latín amnesia. Pero las leyes de amnistía o autoamnistía decretadas por dictadores y violadores de derechos humanos en el mundo entero no responden a la voluntad real de las sociedades de simplemente pasar la página y dejar en el olvido los agravios. Se trata de una amnesia deliberada, forzada. La consecuencia es una sociedad dividida, donde unos niegan el pasado y prefieren olvidar mientras otros sufren la imposibilidad de cerrar un duelo. Cuando eso pasa, quedan dos memorias contrapuestas, que conviven y que producen nuevos conflictos, en otras generaciones, con otras personas y otros nombres, pero que vienen de esa situación no resuelta.

En los países donde hubo –o hay– gobiernos autoritarios y represivos, o bien donde los conflictos armados dejaron una cauda de violaciones a los derechos humanos, estas leyes que protegieron a los perpetradores van desapareciendo una tras otra. Hasta ahora se han anulado 357 leyes y decretos que amparaban a responsables de cometer crímenes de guerra en 129 naciones.

Es una tendencia universal que beneficia a la lucha por la justicia en todo el mundo. Ya no es sólo nacional, o regional. Es global. Y cada nueva resolución influye para impulsar nuevos procesos, explica Karl.

El peruano Diego García-Sayán Larrabure, que preside la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), describe: El camino ya está trazado. La impunidad derivada de estas leyes de amnistía se está resolviendo históricamente. Y en esto el sistema interamericano, concretamente la CIDH, ha jugado un papel fundamental. Fue en este tribunal donde se emitió la primera sentencia para abolir una ley de autoamnistía, la decretada por el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori. Y desde entonces hay 39 militares o ex gobernantes sentenciados y centenares más en proceso.

Lo que estamos viviendo en América Latina, añade el penalista peruano, quien en los años noventa fue observador de los procesos de desmovilización de los grupos armados en El Salvador, es algo más que el dictado de una o varias sentencias que no existían antes. Es el avance de una nueva cultura jurídica.

Ríos Montt genocida: un sismo judicial

Lo sucedido entre marzo y mayo de este año en la sala de un tribunal de Guatemala –juicio y condena al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio–, sacudió a diversos sectores en El Salvador, país que casi en paralelo sufrió una guerra civil.

Las ondas expansivas de ese sismo judicial guatemalteco –independientemente de los efectos posteriores, como la suspensión temporal de la histórica sentencia– repercutieron entre los organismos de derechos humanos y las víctimas sobrevivientes del conflicto, que vieron renovadas sus esperanzas de que, dos décadas después, no sea la impunidad la que salde los crímenes de guerra que se cometieron. Despertó inquietudes en los organismos judiciales y en los expertos penalistas, ante la posibilidad de llevar a tribunales salvadoreños al menos algunas de las violaciones emblemáticas del derecho humanitario que cruzan de cicatrices la historia reciente del país. Y sacó de la sombra protectora a ex gobernantes y militares retirados, que fueron los señores de la guerra, que vivieron la era posterior al conflicto prosperando en sus negocios sin preocupación alguna y hoy quedan expuestos.

La figura del obispo Óscar Arnulfo Romero es emblemática de la lucha social en El SalvadorFoto Reuters

Hay una pregunta que se plantea en muchas latitudes, no sólo en Centroamérica. ¿Debe seguirse indagando en torno a atrocidades que se cometieron hace 20, 30 o 40 años, cuando el Estado es responsable? Sí, afirma Diego García-Sayán, presidente de la CIDH, pero lo más interesante es que no son los gobiernos sino las mismas sociedades las que han dado respuesta a esa pregunta.

¿Es esto posible en El Salvador, donde la cifra oficial de víctimas civiles sumó en dos décadas 75 mil muertos, en un país de apenas 21 mil kilómetros cuadrados –el tamaño del estado de Hidalgo–, con una población que en aquel tiempo no pasaba de 5 millones?

Durante las negociaciones para terminar la guerra, en los años noventa, el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) acordaron plasmar la verdad histórica de los crímenes de guerra en un informe redactado por la Comisión de la Verdad, De la locura a la esperanza, publicado el 15 de marzo de 1993. Pero la verdad jurídica quedó sepultada bajo un acuerdo que debía ser transitorio, la amnistía. Desde entonces todo intento de esclarecimiento y justicia topó contra ese muro. Ni la bancada de diputados ex guerrilleros del FMLN, ni la llegada de un presidente de ese partido al poder, movieron un dedo para anular la movible ley tapadera.

Hasta hace poco, en diciembre del año pasado, la CIDH determinó que el Estado salvadoreño debía enjuiciar a los responsables que aún vivieran de la masacre de El Mozote (la mayor registrada por la convulsionada historia latinoamericana, con más de mil civiles, en su mayoría mujeres y niños campesinos, ejecutados y quemados en un solo operativo militar, entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 por el llamado Batallón Atlacatl).

La sentencia determina además que el Estado salvadoreño no debe esgrimir la Ley de Amnistía como obstáculo para el acceso a la justicia de víctimas de ese y otros episodios similares.

En los hechos, la Ley de Amnistía del 93 quedó legalmente anulada por una jurisdicción superior. Sólo que en El Salvador fue mínima la cobertura periodística de esa histórica resolución y muy pocos saben que esa ley de 1993 ya no está vigente. Los partidos políticos contribuyen a esta ignorancia. La reacción del ex presidente Alfredo Cristiani, quien podría ser enjuiciado por el asesinato de los seis jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana, es significativa. Que digan lo que quieran. Aquí nos regimos por leyes salvadoreñas.

La historia pudo ser diferente

Terry Karl es, quizá, la estudiosa que más a fondo conoce los entretelones, pasadizos secretos y resortes que estructuraron al poderoso estamento castrense que dominó durante el conflicto armado. Se ha presentado como perito en todos los juicios penales contra militares salvadoreños que se han realizado en Estados Unidos. Y todos los ha ganado.

Muchos salvadoreños creen que esa ley sigue vigente. La amnistía creó una cultura de impunidad que está interiorizada en las instituciones democráticas, judiciales y administrativas. Esto genera una impresión de que la impunidad es para siempre. Y esto ya no es así; todos los responsables pueden terminar en el banquillo de un juzgado.

Terry Karl es incansable. Cuando viaja a El Salvador hace miles de citas, recorre poblados, habla con cientos de personas, muchas de ellas sobrevivientes de la guerra, recopilando detallados testimonios para sus peritajes. Este país es un volcán de historias; la gente sencilla quiere hablar. Apenas tocas una cuerda y saltan las historias, por todas partes. El problema es sistematizar la información, no sólo para que El Salvador sepa lo que pasó ahí sino también en Estados Unidos aprendamos lo que nuestro gobierno fue a hacer ahí.

Su arma más afilada es el estudio que ha hecho recientemente de cerca de 10 mil páginas desclasificadas sobre la legislación castrense, lo que le permite asegurar: Las implicaciones de esta desclasificación nos van a permitir determinar la responsabilidad de toda la cadena de mando en las masacres. Según sus propias leyes, todo el alto mando, y no sólo los jefes de los operativos, tienen responsabilidad y son imputables. En el caso de El Mozote, por ejemplo, el que comandó el operativo fue el coronel Domingo Monterrosa. Él murió en una acción guerrillera. Pero sus jefes, entre otros el ministro de Defensa general José Guillermo García, pueden ser imputados.

La catedrática Terry Karl documentó en 1980 la primera masacre de la guerra salvadoreña, la del río Sumpul, frontera con Honduras. Si en ese momento el general García hubiera ordenado una investigación y hubiera castigado a los responsables, es posible que la historia hubiera sido diferente. Pero no; ese pequeño grupo de militares tomó la institución para hacer política de terror contra civiles. Y después del río Sumpul siguieron otras 78 masacres. Todas las he documentado.

Y todas ellas, vivas aún en la memoria colectiva, tienen pendiente su camino hacia la justicia.