Varios coroneles y generales retirados de El Salvador, actores centrales en la guerra de su país en los años ochenta y noventa, viven su vejez en ciudades de Estados Unidos. Pero no es el retiro dorado con el que soñaron. La memoria tenaz de sus víctimas ha recorrido todo tipo de caminos y veredas legales para romper el muro de impunidad que los ha cubierto estas décadas. Algunos sobrevivientes lograron llevarlos ante tribunales fuera de su propio territorio. En consecuencia, varios de ellos enfrentan juicios de deportación de Estados Unidos y otros procesos de extradición a España. Si son devueltos a su país, ya no encontrarán vigente la Ley de Amnistía de 1993 que los protegió de la justicia hasta ahora.

Es el caso de los generales José Guillermo García (80 años) y Carlos Vides Casanova (76 años), quienes fueron ministros de Defensa en el periodo entre 1979 y 1983, lapso en el que se perpetraron decenas de masacres, entre ellas las del río Sumpul (Chalatengango, 1980) y El Mozote (Morazán, 1981); asesinatos emblemáticos, como el de las cuatro monjas estadunidenses de la orden Mary Knoll, la del obispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero y de la directiva completa del opositor Frente Democrático Revolucionario, entre muchos otros. Un periodista mexicano, Ignacio Rodríguez Terrazas, también fue asesinado por francotiradores en ese periodo.

Ambos fueron juzgados y declarados culpables en una Corte de Florida por torturas contra tres ciudadanos que los demandaron y por el asesinato de las religiosas estadunidenses.

El coronel Nicolás Carranza (79 años), ex vicepresidente, ex agente de la CIA, responsable de la formación de los escuadrones de la muerte, ex director de la extinta y sanguinaria Policía de Hacienda –se estima que bajo su responsabilidad fueron asesinados entre 10 y 12 mil civiles– fue declarado culpable por delitos contra la humanidad y tortura por una Corte de Tennessee que dictó sentencia en firme en 2008. También espera su deportación.

El ex presidente Alfredo Cristiani y 14 militares de alta graduación enfrentan juicios de deportación a España, imputados como responsables del asesinato de seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos españoles), una empleada y su hija adolescente, ante la Audiencia Nacional, en Madrid. Se ha documentado que la orden de ejecutar al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, y sus compañeros fue tomada en una sesión del Estado Mayor en presencia del ex mandatario. En agosto de 2011, ante el temor de ser detenidos conforme a una orden de captura de la Interpol, nueve de estos oficiales (entre ellos Humberto Larios, Juan Rafael Bustillos, Francisco Helena y Juan Orlando Zepeda) se escondieron en la Brigada Especial de Seguridad Nacional (sede de la extinta Guardia Nacional). Uno más, el ex jefe del Estado Mayor, general René Emilio Ponce, murió en mayo de 2011.

Ninguno de los procesados puede abandonar sus fronteras, pues serían capturados de inmediato. Sólo las autoridades salvadoreñas los protegen, al considerar que están amparados por la Ley de Amnistía de 1993, que fue declarada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2012.

Un ex capitán del ejército salvadoreño de esa época, Álvaro Saravia, figura en la lista de criminales más buscados del Departamento de Seguridad Nacional, una vez que en ausencia fue declarado como responsable de participar en la conspiración para asesinar al arzobispo Romero. Desde entonces está prófugo.