A solicitud de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, el ex gobernador de esa entidad Andrés Granier Melo fue puesto bajo arraigo por la Procuraduría General de la República (PGR) en un hospital en la ciudad de México. Ante ello, la defensa del ex mandatario solicitó un amparo con el cual el Poder Judicial de la Federación declare ilegal la medida cautelar dictada por un juez tabasqueño.

Tras abandonar la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), al filo de las 19 horas del jueves, Granier fue llevado, bajo resguardo de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), a una casa que posee en la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal.

A las 4:45 horas del viernes, el abogado Eduardo Luengo Creel lo trasladó al hospital Ángeles del Pedregal, pues el ex gobernador presentaba problemas de presión arterial. El cardiólogo Juan Peláez dijo que ello podría haber generado complicaciones.

Granier está hospitalizado en la zona de atención coronaria y será sometido a exámenes, sin que se haya definido su situación ni cuánto puede durar hospitalizado. El cardiólogo dijo que en estos momentos un traslado pondría en peligro su vida.

Custodia policial

Casi a las 12 horas, la PGR informó que Granier había sido puesto bajo arraigo a petición de la procuraduría tabasqueña, que mediante el oficio PGJ/SI/4383 solicitó su colaboración para cumplimentar una orden decretada por la juez tercero penal de primera instancia del primer distrito judicial del Centro de Tabasco, en la causa penal DGI-67/2013 iniciada contra Granier por ejercicio indebido del servicio público y peculado, cometidos en perjuicio del erario del estado de Tabasco.

La PGR informó que el ex gobernador seguirá custodiado por la PFM hasta que sea puesto a disposición de la justicia tabasqueña, y que la vigilancia del ex mandatario ha sido permanente desde que se presentó a declarar (en la Seido) en razón de la existencia previa de una solicitud de localización y presentación de la procuraduría de Tabasco en estricto apego a la ley.

El ex gobernador estaba citado a declarar en Villahermosa a las 6 de la tarde, dentro de una averiguación en la que es señalado como presunto responsable de peculado y ejercicio indebido del servicio público, y se le menciona como responsable del desvío de casi mil 900 millones de pesos, cantidad de la cual, según la PGR, casi 900 millones provinieron de recursos federales.

Tras el anuncio del arraigo, Luengo Creel afirmó que la medida cautelar se trató de una emboscada, ya que él había tomado la decisión de ir a declarar a Tabasco, presentarse sin amparo y responder a los cuestionamientos que se le hicieran. Puede verse de manera suspicaz que se haya enfermado, pero ello ocurrió en realidad debido a la presión a la que ha estado sometido.

La intención del litigante era que cuando Granier fuera dado de alta, personal de la procuraduría tabasqueña interrogara al ex gobernador en su casa del Distrito Federal o en el ­nosocomio.

Sostuvo que el hecho de haber solicitado el arraigo se trató de una estrategia para encarcelarlo sin permitirle el derecho a su defensa, y dijo que son criticables las declaraciones del gobernador Arturo Núñez, de que veía a Granier en la cárcel, porque la justicia no depende de él ni las investigaciones tampoco.

Luengo declaró que buscará por todos los medios legales evitar que el ex gobernador sea encarcelado, porque hasta ahora no conocemos ni una sola evidencia de lo que se le acusa en Tabasco, y él confiaba en sus colaboradores, que eran los encargados del manejo financiero en la entidad.

En Villahermosa, el gobernador Arturo Núñez expresó su deseo de que mejore la salud de Andrés Granier, pero aclaró que la situación del ex mandatario estatal implica sólo el diferimiento de la comparecencia ante el Ministerio Público, no la cancelación de acudir a declarar ante la autoridad local.

La figura de arraigo dará tiempo al Ministerio Público Federal para concluir la averiguación previa y, en todo caso, determinar la presunta responsabilidad o no del ex gobernador, a quien dentro de la causa penal federal se le imputan peculado y ejercicio indebido del servicio público, dijo.

Señaló que en ese periodo se podrá determinar el grado de presunción, de indicios o elementos que pudieran suponer alguna responsabilidad, (pues) aún faltan integrarlas en la averiguación previa para probarlas ante un juez y solicitar la orden de aprehensión.

Rechazó que exista protección de la justicia federal hacia Granier y mencionó que el propio ex gobernador fue quien aceleró los plazos del proceso al presentarse personalmente ante la PGR.

(Con información de René López, corresponsal)