Ante la liberación de los últimos siete jóvenes presos por la comisión de actos vandálicos el 10 de junio pasado en el Zócalo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la ciudad de México emplazó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que en un plazo de 30 días revise el Código Penal, que actualmente está siendo usado como herramienta de inestabilidad social y anarquismo.

Las modificaciones al artículo 362 en diciembre pasado, que reducen los años de prisión a quienes se involucren en delitos de ataques a la paz pública, por considerar que no son graves, son un gran error, pues dejan la puerta abierta para que cualquiera pueda agredir a las personas y su patrimonio, a las empresas y sus inversiones, e inclusive a la autoridad.

Hoy dichos actos no tienen ninguna consecuencia, por lo que los jóvenes liberados el lunes salieron como héroes del anarquismo; han pasado a la impunidad cobijados por una legalidad absurda.

Por ello, en la Coparmex rechazamos todo acto violento que altere el orden y la paz públicos, así como todo aquel acto de autoridad que lo solape”, advirtió.

En su mensaje semanal, el presidente del organismo patronal, Fernando Óscar García Chávez, calificó de intolerable la labor de las autoridades para detener a los delincuentes, disfrazados de líderes sociales, que violentan la paz pública, cuando el sistema de justicia está imposibilitado por el marco legal para ejercer alguna acción penal en su contra.

Hizo un enérgico llamado ciudadano a los integrantes de la ALDF, quienes se ostentan como nuestros representantes, a proteger a los habitantes de la ciudad, a fomentar la actividad productiva, revirtiendo o revisando los efectos de su costosa labor legislativa, que parece responder más a estrategias políticas que al interés común, afirmó.

No permitamos que la ciudad de México sea el escenario perfecto del desorden, la protesta violenta y el chantaje político, por lo que emplazamos a dicho órgano a que revise el Código Penal, pues no simpatizaremos con manifestaciones desordenadas que merman la actividad productiva de las empresas y negocios, de entre 350 y mil millones de pesos de pérdidas diarias, argumentó.

El organismo patronal, destacó, se ha distinguido históricamente por promover la libertad de expresión y la participación ciudadana; sin embargo, ambas deben darse con apego al interés público, a valores y a nuestra condición de seres civilizados.

Por ello, se estará pendiente de las acciones que se lleven a cabo en materia legislativa y judicial, pues nos preocupan los escenarios futuros que se presenten ante reformas estructurales que el país necesita y cuyo funcionamiento sigue beneficiando a unos cuantos, precisó.