Aunque el gobierno mexicano se encuentra a poco más de un mes de presentar su informe en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU) –mecanismo de evaluación cuatrienal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas–, todavía no ha hecho una convocatoria adecuada para consultar a las organizaciones de la sociedad civil ni ha informado de qué manera va a tomar en cuenta las observaciones de éstas.