Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, admitió que la integración de los menores de 18 años con alguna discapacidad representa un gran desafío para el gobierno federal, el cual ha suscrito y ratificado las Convenciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre los Derechos del Niño.

Generalmente, dijo, los menores discapacitados viven una doble o triple discriminación, porque a esa condición se suma la de ser niñas, pobres o indígenas, además que suelen ser abandonados en instituciones o permanecen dentro de sus hogares, a causa del estigma social; carecen de cuidados médicos adecuados, y están expuestos al abuso, la violencia y la explotación.

Al presentar el Estado mundial de la infancia 2013: niñas y niños con discapacidad, editado por la Unicef, refirió que las convenciones suscritas por el gobierno federal lo obligan a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas que combatan la discriminación, ayuden a derribar las barreras físicas, las legislativas y presupuestales para la inclusión en las políticas de Estado de un millón 271 mil 504 menores de edad discapacitados, según datos del Censo 2010.

Durante la presentación del documento, que contiene testimonios de niños de todo el mundo y estadísticas, Sandra Jiménez, integrante del consejo consultivo de Unicef-México, y quien padece una discapacidad, dio testimonio sobre la terrible situación de vulnerabilidad que padecen los menores en esa condición, y se pronunció por que sea transversal la integración de los derechos de las personas con discapacidad.

Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo que el gobierno mexicano tiene el reto de realizar un cambio total en sus políticas públicas dirigidas a los menores de 18 años con discapacidad, y efectuar un conteo sobre ese grupo de población cuyo número total se desconoce.

Al suscribir y ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, elevadas a rango constitucional, México tiene obligación de eliminar todos los obstáculos a la inclusión, como adaptar toda la infraestructura escolar en el país para eliminar las barreras físicas, de comunicación e información que actualmente existen.

Añadió que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la institución que más quejas ha recibido en el Conapred por exclusión educativa, la cual es mas recurrente en el ámbito privado que en el público, por lo cual se requiere de mayor regulación en el primero.

Del total de menores de 18 años con discapacidad refirió que en el Censo 2000 se definió que 1.7 por ciento de la población tenía esa condición, la cual pasó a 5.1 por ciento en 2010, pero para tener mayor certidumbre en los resultados en el conteo 2015, de Población y Vivienda, se aplicará una metodología distinta para un registro efectivo.