Tijuana, BC, 18 de junio

Sin coordinación binacional efectiva, el gobierno de Estados Unidos continúa con la deportación masiva de mexicanos, muchos de ellos ex presidiarios entregados a las autoridades del país sin protocolo de identificación.

Debido a que en diversos cruces de la frontera norte se han elevado la inseguridad, los secuestros y otras agresiones a migrantes, los gobiernos de ambas naciones han optado por hacer efectivas la mayoría de las repatriaciones por Baja California.

En este año, el gobierno de la entidad ha recibido a por lo menos 25 paisanos, excarcelados de California, que tenían órdenes de aprehensión en México por homicidio, pero las autoridades de Estados Unidos entregaron sus datos biométricos 15 días después.

Es decir, cuando los presuntos delincuentes pisaron de nueva cuenta territorio nacional, las instancias de seguridad desconocían que estaban recibiendo a presuntos homicidas prófugos, la mayoría procedentes de Tlaxcala.

El procurador de Baja California, Rommel Moreno, dijo en entrevista: el punto es que no se han notificado (las deportaciones) de la manera que hubiéramos querido, es decir, se nos avisa 15 días después.

En tanto, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, cuestiona a los mandos federales de ambos países por qué eligieron a Tijuana y Mexicali como los puntos de mayor recepción de indocumentados.

La preocupación del mandatario saliente (la entidad está en plena contienda electoral para la renovación de la gubernatura) es que se reconstruyan los grupos criminales –de secuestradores, por ejemplo– que fue posible desmembrar en el periodo 2009-2011, según la versión oficial.

Sin embargo, admite que está presente la modalidad de delincuentes emergentes, quienes exploran lo que ya se hace con violencia bruta en otros puntos de la colindancia con Estados Unidos: el negocio de los migrantes.

En una charla con reporteros, el mandatario y el procurador lamentan que Baja California sea receptáculo de una política de despresurizacion de las cárceles del vecino país, en especial de las de California, con el único fin de reducir costos .

Y es así como las garitas de Tijuana y Mexicali son ahora el punto de recepción de mexicanos deportados, no sólo por su carácter de indocumentados, sino también por antecedentes de narcotráfico, violencia familiar, infracciones administrativas y robos, entre otros delitos.

Investigadores de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) alertan sobre el aumento de esta política de remoción de criminales.

Rafael Alarcón, del Colef, informó que en 2010, de 392 mil deportados, 195 mil fueron clasificados como extranjeros criminales en situación irregular.

Una encuesta aplicada por el Colef muestra que 92 por ciento de los criminales expulsados cometieron infracciones leves (de tránsito, por ejemplo); 6 por ciento cometieron un delito nivel 2 y sólo 2 por ciento estuvieron en prisión por una falta grave o mayor.

En tanto, Osuna Millán señala: “Hemos insistido en que Mexicali y Tijuana no sean (los únicos) puntos por donde están devolviendo. ¿Y Coahuila, Nuevo León y Chihuahua?, pregunta.