Han transcurrido cinco años de que se publicó la reforma constitucional en materia de justicia penal, que incluye juicios orales y obliga a las autoridades a respetar los derechos humanos y el debido proceso de imputados, víctimas y ofendidos de un delito, pero aún no opera ni a escala federal ni en la mayoría de las entidades.

El tiempo se agota, ya que cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, en junio de 2008, la reforma tenía un plazo de ocho años para ser aterrizada, lo que significa que restan tres años para su aplicación y aún hay retrasos considerables. Incluso, algunos estados no han hecho nada para que opere la oralidad de los juicios en sus tribunales.

Ante ello, las organizaciones no gubernamentales Red por los Derechos de la Infancia en México, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y la organización Renace, en conjunto con la Red Nacional en favor de los Juicios Orales, anunciaron este martes en conferencia de prensa el inicio de la campaña nacional denominada Reforma Penal México con un Click.

Se trata de una campaña fundamentalmente informativa (mediante la creación de una página de Internet), que incluye un buzón ciudadano para que la sociedad manifieste su crítica a los funcionarios federales y/o estatales, así como a los legisladores que estén poniendo trabas a la aplicación de esta reforma de gran calado.

Voceros e integrantes de esas organizaciones civiles informaron que a la fecha se han enviado más de 30 mil peticiones directas a los correos electrónicos oficiales de funcionarios federales y estatales, como una manera de expresar claramente el rechazo al sistema de opacidad, arbitrariedad, corrupción e impunidad que todavía prevalece en los sistemas de procuración de justicia de varias entidades.

Al dar lectura a un comunicado conjunto, los integrantes de la campaña ciudadana Reforma Penal México con un Click indicaron que “la mayoría de los participantes (en esa campaña) son jóvenes, por ser un grupo susceptible de ser vulnerado en sus derechos de justicia, como demostró el reciente arresto arbitrario del joven Marduk Chimalli Hernández Castro en la ciudad de México, una de las entidades sin avance registrado al momento.

“La campaña se acompaña con un monitoreo pormenorizado de los avances, mismos que se informan en las cuentas de Facebook (tinyurl.com/l6mrx9b) y Twitter @ReformaPenalMX.

Por la tarde, en un comunicado, la Secretaría de Gobernación destacó que el gobierno federal ha reiterado su disposición y respaldo para cumplir los plazos constitucionales, además de que se trata de un compromiso que ha sido suscrito por los fuerzas políticas en el Pacto por México. Finalmente, mencionó que hasta la fecha 15 estados ya operan o han comenzado a operar el procedimiento penal acusatorio, y en lo que resta del año se espera llegar a 19.