Aunque no existen datos, se calcula que la población en situación de calle en la ciudad de México es superior a 3 mil personas, quienes día a día enfrentan graves condiciones de vulnerabilidad, señalaron expertos en el tema.

Este grupo está expuesto a violencia, explotación sexual y laboral, adicciones; no tiene acceso a la educación, a alimentación sana, a la salud ni al trabajo; y son sujetos de discriminación y abusos constantes tanto por parte de las autoridades (en particular de los policías) como de la ciudadanía, se informó durante el foro internacional Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Luis González Plascencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), indicó que la solución de este tema, con más de 40 años en el país, no pasa por la desaparición de esos grupos ni por su tolerancia, sino por el respeto a los mismos.

Debemos entender las razones por las que se ha generado este problema, la corresponsabilidad que todos tenemos en la solución y construir políticas públicas que permitan su reinserción. El reto es no caer en la tentación de la institucionalización, no se trata de encerrarlos (en albergues) o esconderlos, sino de reintegrarlos, dijo en entrevista tras la inauguración del acto.

El ombudsman capitalino indicó que el hecho de estar en las calles, de entrada es una violación a los derechos de estas personas, ya que no tienen las posibilidades de acceder a garantías como la educación, alimentación adecuada, oportunidades laborales; son sujetos de discriminación y en muchas ocasiones se atenta contra su integridad personal.

Agregó que es necesario un censo para conocer la cantidad de personas que viven en esta condición, sus edades (al menos ya hay tres generaciones), posibles nexos familiares y los lugares donde se asientan.

En su turno, Hilda Téllez, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, planteó como propuestas sensibilizar a la sociedad para que no se criminalice a las personas en situación de calle, crear políticas públicas que identifiquen sus necesidades y los atiendan en igualdad de condiciones, y superar las falsas creencias y estereotipos negativos que los excluyen.