Los 116 presos del fuero federal trasladados la semana pasada de los reclusorios Norte y Sur al Centro Federal de Readaptación Social de Oaxaca, representan apenas 0.95 por ciento del total de personas recluidas en las cárceles de la ciudad por delitos federales.

Un informe que envió el secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –elaborado un mes antes de dicho traslado– refiere una población por delitos federales de mil 214 presos.

En la cuenta pública de 2012 que entregó el gobierno de la ciudad el pasado martes a la misma ALDF, entre las explicaciones de la Secretaría de Gobierno para justificar un incremento de más de 20 por ciento en sus gastos ese año señala que se erogaron mayores recursos por concepto de gastos de alimentación de los internos en los centros penitenciarios, así como para la adquisición de material diverso, herramientas, medicamentos, vales de gasolina, pintura, vestuario y uniformes para el personal de seguridad e internos”.

El documento, elaborado por la titular de la subsecretaría de Sistema Penitenciario, María Mayela Almonte Solís, se desprende que de estos mil 214 presos del fuero federal 185 son mujeres recluidas en el Centro Femenil de Readaptación Social, en tanto que el resto son hombres distribuidos en los distintos penales: 70 en la penitenciaria de Santa Martha Acatitla; dos en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial; 378 en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte; 257 en el Oriente y 322 en el Sur.

Contiene los nombres de cada uno de los internos, el número de proceso y el juzgado, la pena que se les impuso o en su caso el o los procesos penales a que está sujeto, la fecha a partir de la cual fueron recluidos y el delito cometido.

El documento resalta que prácticamente la totalidad, salvo unas cuantas excepciones, fueron detenidos e ingresados durante el decenio anterior y lo que va del actual, es decir entre 2000 y 2013. Resalta el caso de Pedro Vicente Velarde Navarro, en el penal de Oriente, quien purga una sentencia de 40 años por acopio de armas desde 1986, los otros casos anteriores al 2000 son cuatro de 1998 y 1999.

Las penas van desde 10 meses hasta más de 80 años. Entre las más altas está una mujer, Karla de los Ángeles Balderas, sentenciada a 74 años por secuestro, y el de Mario Loza Hernández, recluido en Santa Martha, quien purga dos penas de 42 años cada una por secuestro y violación a la Ley federal contra la delincuencia organizada.

La mayoría de los presos federales fue detenido por delitos contra la salud en sus diversas modalidades, como narcomenudeo, posesión, introducción, transporte y comercio. Le siguen los detenidos por portación ilegal de armas de fuego y por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.