e acuerdo con un reporte reciente, elaborado por Banamex, sobre el desempeño del sistema privado de pensiones en el país, las administradoras de fondos para el retiro (Afores) sufrieron en mayo pasado pérdidas –llamadas eufemísticamente minusvalías– por 93 mil 960 millones de pesos, como consecuencia de la volatilidad de los mercados bursátiles, lo que equivale al peor desplome de ese sistema desde la recesión económica de 2009.

Más allá de los elementos coyunturales que puedan estar asociados a la caída en las cuentas de jubilación, el hecho de que éstas sean susceptibles de sufrir una pérdida mensual de casi 4 por ciento de su valor total da cuenta del carácter riesgoso e improcedente del actual modelo pensionario, impuesto en el país en 1997, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, y reproducido en el ámbito del sector público durante la gestión de Felipe Calderón. En dicho esquema, la administración de los recursos para las jubilaciones de los trabajadores ha dejado de ser vista como un factor de seguridad económica y de bienestar social, para convertirse en un instrumento de especulación financiera en beneficio de un puñado de instituciones financieras particulares, en su mayoría extranjeras. Para la mayoría de los asalariados, en cambio, ese viraje ha representado una afectación constante a sus intereses, ya sea com consecuencia de malos resultados en las inversiones que se realizan con sus ahorros en los mercados bursátiles –como ocurrió en el último mes, de acuerdo con el reporte de Banamex– o bien como resultado de los cobros que suelen hacer los bancos por concepto de comisiones.

A juzgar por los resultados obtenidos en las semanas recientes, y en vista del carácter profundamente inequitativo y desventajoso para los trabajadores del modelo de pensiones vigente, es meridianamente claro el incumplimiento del propósito con el cual el gobierno zedillista impulsó en su momento la adopción del esquema pensionario vigente: Proporcionar a la ciudadanía un sistema de pensiones eficiente y financieramente sustentable, que garantice de manera transparente y justa el otorgamiento de una pensión para los trabajadores al momento de su retiro. La realidad es que dicho objetivo difícilmente podrá cumplirse, en la medida en que el Estado mexicano siga abdicando de su responsabilidad para garantizar el futuro de sus trabajadores y sus ciudadanos mediante la administración de sus ahorros, para lo cual sería necesario emprender, primero, una reconfiguración solidaria, justa y viable del modelo de pensiones y jubilaciones vigente.

Ahora bien, incluso en un escenario como el presente, en el que la configuración del poder político hace poco factible un viraje en orientación de las directrices económicas, es necesario que el gobierno adopte –cuando menos– las medidas pertinentes para garantizar el correcto manejo y la administración prudente de los fondos para el retiro, habida cuenta de que éstos representan un porcentaje nada despreciable de la economía nacional (alrededor de 12 por ciento del producto interno bruto). Sería en particular procedente que las autoridades económicas y financieras del país se aseguraran de que los particulares encargados de administrar las Afores no ocasionen nuevos quebrantos al patrimonio de los asalariados, que redundan en afectaciones a la economía nacional, y que deslinden las responsabilidades a que haya lugar por estas minusvalías.

No está de más recordar en este punto lo ocurrido en años recientes en diversos países de Europa –particularmente Grecia y España–, donde los ahorros de los trabajadores se han evaporado por efecto de la irresponsabilidad y la ambición de especu­ladores, lo que ha dado pie a grandes movilizaciones sociales y a escenarios de ingobernabilidad. Es aconsejable que la administración en turno se mire en ese espejo y actúe en consecuencia, si no por consideraciones de índole ideológica, al menos por razones de supervivencia política.