ace muchos días que tengo encima de mi escritorio un impresionante volumen mecanografiado que contiene un trabajo de la doctora Aleida Hernández Cervantes y que intitula Las transformaciones del Estado y del derecho en el contexto de la globalización económica. Lo peor del caso es que no sé para qué me lo entregó la propia autora. Pensé que se trataría de una tesis de doctorado, pero evidentemente que no es el caso porque la autora ya es doctora y, además, profesora de la División de Posgrado de mi Facultad de Derecho.

Lo empecé a leer por un principio de disciplina y ciertamente me interesa cada vez más, aunque los principios de la economía me resultan difíciles de entender. Pero la redacción es muy clara y la sustentación de lo que dice en una doctrina de primera me han permitido disfrutar la lectura.

En el trabajo, la doctora Hernández Cervantes plantea que junto al derecho propio de cada país, fundado en la soberanía, las circunstancias económicas mundiales han generado una nueva disciplina en materia económica: su protagonista principal sería la globalización que se esconde en convenios fundadores de organismos internacionales, entre otros el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que sin la menor duda y pasando por encima de las soberanías nacionales, han creado un sistema jurídico propicio para la globalización que no es más que el resultado de un conjunto de normas internacionales que regulan la vida económica del mundo, pasando por encima de las decisiones nacionales. En otras palabras: se ha creado, en los hechos, un Poder Legislativo superior y al que sin pretender obediencia formal se impone en cada país por la necesaria presencia de los organismos internacionales que regulan las economías por encima de la legislación nacional.

Esto, obviamente, tiene que ver con la reciente y dolorosa reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que nos obsequió un Congreso en el que el PAN impuso las nuevas reglas de juego, obviamente con un sentido patronal absoluto, disolviendo el carácter tutelar en favor de los trabajadores para sustituirlo por una clara tutela favorable a los empresarios que hoy corre por el mundo montada en la evidente violación de las normas constitucionales que aún nos rigen.

México, por supuesto, ha dado cumplimiento a las normas internacionales que regulan las relaciones de trabajo. Como consecuencia de ello, o se reforman las leyes, como lo hemos hecho en el país o, simplemente, se cumplen las disposiciones de los organismos internacionales aunque sea en perjuicio de los tratados que hicieron posible a la Organización Internacional del Trabajo y cuya obligatoriedad en México no se puede poner en duda.

Estamos en presencia de un conflicto de normas en el que lamentablemente domina la observancia de las reglas externas hoy incrustadas en la nueva LFT, rompiendo con una tradición iniciada por la LFT original y confirmada por las reformas de 1970 y 1980. Claro está que ello ha sido posible a partir de gobiernos, tanto del PRI como del PAN, que se han caracterizado por su profunda simpatía con la derecha y, por tanto, con el mundo empresarial. El conducto principal han sido los organismos administrativos y jurisdiccionales encargados del cumplimiento de la normatividad laboral, de manera especial la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las juntas de conciliación y arbitraje, cuya orientación empresarial nadie puede poner en tela de juicio.

La nueva LFT es la mejor prueba de ello. Pero el resultado es lamentable. Lo que antes corría el relativo riesgo de contradecir la normativa laboral hoy se satisface mediante la obediencia a las reglas de juego del comercio internacional, la globalización en primer término.

Dicho sea de paso, si como lo espero, la doctora Hernández Cervantes publica su trabajo, se acabarán de poner de manifiesto las razones por las que nuestra tradición laboral pasará a la historia, salvo que logremos un sindicalismo democrático en lugar de la basura corporativa que padecemos desde hace muchos años, que haga valer los derechos de los trabajadores que se han perdido con la reforma a la LFT. Afortunadamente aún hay sindicatos, como el minero y el de electricistas, que tienen la capacidad para poner las cosas en orden.