yer, tras una reunión con gobernadores, alcaldes y representantes de los descontentos que han colmado las calles de Brasil en días recientes, la presidenta Dilma Rousseff propuso realizar un referendo para convocar a una asamblea constituyente que se encargue de emprender una reforma política al Estado brasileño. En lo inmediato la mandataria se comprometió a adoptar medidas orientadas a mejorar el transporte público en las grandes ciudades, cuyas deficiencias y altos precios fueron uno de los principales detonadores de la inesperada ola de protestas que ha estremecido a la nación sudamericana; ofreció reforzar el combate a la corrupción y propuso contratar médicos extranjeros para paliar las carencias del servicio de salud.

De esta manera, Rousseff ha honrado su palabra, ofrecida recientemente, en el sentido de que estaba dispuesta a escuchar a los manifestantes. Más aún, la presidenta brasileña ha exhibido una voluntad de rectificación que resulta excepcional en el mundo contemporáneo, caracterizado por gobernantes insensibles que prefieren atrincherarse en sus posturas y atribuir las muestras de descontento a designios desestabilizadores y subversivos, antes que reconocer las deficiencias y los extravíos de su ejercicio de poder. La actitud de Rousseff contrasta, por ejemplo, con la que ha asumido el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, quien se empecina en atribuir las manifestaciones en su país a conspiradores extranjeros. Representantes del Movimiento Pase Libre (MPL), el cual propugna la gratuidad del transporte público, así lo reconocieron, al considerar la decisión de Rousseff de convocarlos al diálogo una ruptura de la tradición política.

Más allá de la pertinencia de la apertura exhibida por el Palacio de Planalto, es claro que la determinación gubernamental de buscar soluciones de consenso a la problemática que ha causado las manifestaciones podría llevar a una profundización del proceso reformista iniciado hace una década por Luiz Inacio Lula da Silva y continuado por la propia Rousseff, e incluso, si la reforma política se concreta, a una reconfiguración de las relaciones de poder, en buena medida intocadas hasta ahora por las tres administraciones del Partido de los Trabajadores (PT).

Un hecho es claro: ese proceso había alcanzado ya un inocultable grado de desgaste político, social e incluso económico que planteaba nubarrones en las perspectivas de Dilma Rousseff de lograr la relección en las elecciones presidenciales del año entrante.

En ese contexto, la apertura al diálogo y la disposición de Dilma Rousseff a escuchar a los descontentos constituyen un movimiento de gran inteligencia política que podría abrir la posibilidad de renovar y moralizar el proyecto del PT y vincularlo –o revincularlo– con sectores sociales que ya no le encuentran sentido. Cabe esperar, por la estabilidad brasileña y la de toda la región, que así sea.