Tijuana, BC, 25 de junio.

Por tierra y por mar, cada año miles de trabajadores indocumentados intentan cruzar la frontera México-Estados Unidos. Si bien el número de casos ha disminuido en los años recientes, los costos y peligros de hacerlo siguen creciendo, lo mismo que las deportaciones masivas de connacionales, la mayoría removidos por aquel país, que los ha clasificado como criminales, sin importar que hayan tenido un arraigo familiar y laboral del otro lado.

De acuerdo con integrantes de organizaciones civiles y centros de investigación, como El Colegio de la Frontera Norte (Colef), la migración sigue siendo sinónimo de violencia y desintegración de familias, sin que los gobiernos involucrados, en especial el de México, ofrezcan una estructura para la atención de quienes se quedan en el limbo: no tienen redes de apoyo en el país en el que nacieron, pero tampoco la posibilidad de volver, con documentos, a Estados Unidos.

Mientras, crece el cinturón de seguridad: en 2005 había 3 mil 555 agentes de la Patrulla Fronteriza. Cinco años después, esa nómina había llegado a 17 mil 535, y para este año, el número ya rebasó los 21 mil elementos, según información de instancias nacionales y estadunidenses. Hace tres años, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, informó que de 392 mil deportaciones en ese periodo fiscal, 195 mil eran extranjeros criminales en situación irregular.

Y es precisamente la labor de la sociedad, como la que realiza la Coalición Pro Defensa del Migrante, prácticamente el único sostén humanitario del lado mexicano para este sector; a la par, instituciones académicas realizan un arduo y cotidiano trabajo al emitir alertas acerca del rumbo que está tomando el fenómeno.

Es una crisis humanitaria, resume la doctora María Dolores París Pombo, investigadora del Colef y una de las más reconocidas especialistas en temas de migraciones, relaciones interétnicas y derechos humanos.

Menciona y documenta lo que hace apenas unas semanas el gobierno mexicano empezó a reconocer: los migrantes son víctimas de secuestros, tortura, amenazas, trata de personas, en medio de la proliferación de casas de seguridad en donde los traficantes –vinculados a la delincuencia organizada– retienen a las personas en condiciones de secuestro, hacinamiento y extorsión.

Los cruces más peligrosos están ubicados en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas.

Adicional al clima de violencia hay un problema de reintegración (de los deportados) muy fuerte. Muchos se desaniman y terminan siendo indocumentados en México, señala.

No existe un programa binacional que atienda las consecuencias de esta maquinaria de deportación y, en los albergues, todos apoyados por organizaciones civiles y las iglesias, cada vez nos encontramos con un mayor número de repatriados, en especial mujeres, que no hablan bien español. Incluso las entrevistas que aplican los investigadores son con mayor frecuencia en inglés, rasgo que evidencia el drama de la deportación.

Los problemas empiezan cuando los repatriados llegan al país sin documentos de identidad (acta de nacimiento y credencial de elector, por ejemplo) fundamentales para procesar acceso a servicios básicos –como educación y salud– y, por supuesto, para insertarse en un empleo o rentar una vivienda.

Además hay una práctica creciente de repatriación lateral, es decir, si un mexicano es detenido en California corre el riesgo de ser deportado por Tamaulipas, lo que potencializa el riesgo de ser agredidos por la delincuencia.

En este contexto, el programa binacional de repatriación humana dista de ser un protocolo de protección; incluso, hace un par de semanas –refirió París Pombo– en el área de Mexicali, Baja California, el Instituto Nacional de Migración informó a los repatriados que se les habían terminado los recursos para apoyarlos con 50 por ciento del costo del autobús hacia sus lugares de origen. Hay muy pocas o nulas condiciones para la reinserción en México.