Julia Harrington, oficial mayor jurídica para la Igualdad y la Ciudadanía de The Open Society Justice Initiative (OSJI), advirtió que hay varios aspectos discriminatorios en la reforma migratoria de Estados Unidos, como la propuesta de nuevas categorías de ciudadanía que hacen distinciones entre los derechos humanos de los estadunidenses y de los migrantes radicados en el país del norte.

“En la propuesta de la ley –sostuvo– hay elementos discriminatorios, aunque es difícil ubicarlos con precisión. Por ejemplo, se plantea que los extranjeros no tienen derecho a la unificación de sus familias, como sí lo tiene el ciudadano estadunidense”.

En entrevista con La Jornada, luego de participar en el Encuentro Internacional por la Igualdad y la No Discriminación, la activista y defensora de los derechos humanos subrayó que en la reforma se restringe el ingreso a los miembros de una familia, excepto para el caso de hijos, padres y esposos.

“Para la ley estadunidense –explicó– la ciudadanía es una legítima razón para hacer distinciones entre los nacidos allá y quienes no lo son. Esto hace muy difícil que en términos jurídicos se pueda alegar que existe un acto de discriminación”.

Harrington recordó que en Estados Unidos existen más de 10 millones de inmigrantes, de los cuales 50 por ciento son mexicanos.

También hay diferencias en el derecho al trabajo, dijo, pues “todos los estadunidenses pueden gozar de ese derecho, pero no los extranjeros. Esto es una exclusión, pero el gobierno de Estados Unidos se arroga el derecho a decidir si son contratados conforme al ‘interés público’”.

Recordó que las cortes estadunidenses se han pronunciado contra diversos casos de discriminación, como no permitir ciertos trabajos a las mujeres embarazadas o no hacer distinciones por cuestiones de género o raza, aspectos que se justifican legalmente para el Estado. Lo que puede tener una base discriminatoria, lo esconde el gobierno bajo la cuestión legal de la ciudadanía, destacó Julia Harrington.

Aunado a ello, comentó que los republicanos lograron una victoria con la aprobación de una enmienda que eleva los recursos gubernamentales para blindar con más de 20 mil guardias, adicionales a los 18 mil existentes, la frontera con México.

El argumento de los republicanos es que, una vez que el Congreso apruebe la reforma migratoria, el gobierno necesitará más recursos para garantizar la seguridad de su territorio.

Para ello, se ha propuesto la creación de un fondo por más de 200 billones de dólares que se usaría los próximos 10 años. En realidad, los grupos de derecha están aprovechando la aprobación de este fondo para incluir propuestas discriminatorias que se justifican bajo la bandera de la seguridad nacional, subrayó la promotora de los derechos humanos.