n una votación dividida de cinco votos contra cuatro, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anuló ayer una norma federal –la Ley de Defensa del Matrimonio, conocida como DOMA– que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y niega reconocimiento jurídico y derechos elementales a los parejas del mismo sexo. Según los magistrados del máximo tribunal estadunidense, la DOMA es inconstitucional porque es una denegación del acceso a la libertad de las personas protegida por la Quinta Enmienda. En consecuencia, con el fallo referido los integrantes del principal órgano judicial del vecino país refrendaron también la prohibición constitucional de la llamada Proposición 8, modificación de la Constitución del estado de California que consagra que sólo el matrimonio entre un hombre y una mujer es válido o será reconocido.

Esta sentencia del máximo tribunal estadunidense constituye uno de los pocos logros civilizatorios obtenidos en tiempos recientes en ese país, dominado por una doble moral en la que conviven los postulados liberales con los dogmas morales y sociales más reaccionarios. En efecto, más allá de las tendencias progresistas y cosmopolitas del noreste y la costa del Pacífico estadunidenses, la mayor parte del centro y el sur de ese territorio está integrada por ámbitos provincianos y profundamente conservadores que han sido históricamente reacios a todo intento de modernidad y transformación social.

En ese sentido, la resolución de la Corte Suprema, jurídicamente irreversible e inapelable, no sólo constituye un espaldarazo para el clima de tolerancia, respeto a la diversidad y modernidad que se ha consolidado en la decena de entidades estadunidenses en las que el matrimonio homosexual está permitido –incluida la capital, Washington DC–, sino que representa también un claro mensaje político para el conjunto de las autoridades locales y nacionales de ese país y, por extensión, para el resto del continente y del mundo.

Es de suponer que las posturas de la justicia estadunidense sobre el tema permearán en mayor o menor medida en los entornos institucionales de todo el hemisferio, en donde los avances en materia de derechos y libertades sexuales son prácticamente nulos –con las excepciones de Argentina, Brasil, Canadá y Uruguay, así como la ciudad de México, cuyos órganos legislativos han aprobado leyes que permiten el matrimonio homosexual– y que pudieran contribuir a la adecuación de los marcos jurídicos de los distintos países a una realidad que se presenta mucho más compleja, plural o diversa de lo que reconocen los respectivos ordenamientos legales. Ha de ponderarse positivamente el hecho de que la capital de nuestro país haya sido una de las pioneras a escala nacional e internacional en el reconocimiento y la defensa de la soberanía individual en ámbitos cruciales de la vida humana, como las orientaciones sexuales y las relaciones afectivas, mediante las reformas que legalizaron en 2009 el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo.

Es previsible, por último, que la decisión adoptada ayer por el Poder Judicial estadunidense derive más temprano que tarde en una respuesta de los sectores más reaccionarios de la sociedad, la clase política y los poderes fácticos de ese país, los cuales durante los años recientes se han caracterizado por ejercer una tenaz resistencia organizada desde las bases sociales en contra del gobierno de Barack Obama. Tal reacción, para colmo, ocurriría con el telón de fondo de la debilidad política por la que atraviesa la administración del político afroestadunidense, como resultado de sus propias inconsecuencias, vacilaciones y excesos. En tal escenario, la defensa de avances civilizatorios como el alcanzado ayer en el máximo tribunal de dicha nación corresponderá a las corrientes progresistas, los sectores seculares, las mujeres y las minorías sexuales.