Los defensores de derechos humanos siguen siendo uno de los sectores más vulnerables del país debido al enorme índice de impunidad del que gozan los perpetradores de los ataques en su contra, que en muchas ocasiones no sólo son miembros de la delincuencia organizada, sino también servidores públicos.

Así lo advirtió la oficina en nuestro país del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (OACNUDH) durante la presentación del Informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México: actualización 2012 y balance 2013, realizada ayer en Casa Lamm.

El titular del mencionado organismo, Javier Hernández Valencia, explicó que en el estudio se analizó una muestra de 89 casos de violaciones a las garantías básicas de activistas, ocurridos entre 2010 y diciembre de 2012, que permanecieron en la total impunidad.

Del total de casos, detalló el especialista, sólo en 37 se inició una averiguación previa, en 5 se logró identificar a un presunto responsable del ataque o amenaza y en 3 se realizó alguna detención, pero en ninguno se logró obtener una sentencia condenatoria.

Las entidades en donde ocurrió la mayoría de los abusos contra activistas, agregó Hernández Valencia, fueron Oaxaca, Chiapas, Coahuila y el Distrito Federal, y los ilícitos consistieron particularmente en amenazas (38 por ciento), hostigamiento (12), detenciones arbitrarias (11) y asesinato (11 por ciento).

En lo que se refiere a la autoría de los ataques, en 39 por ciento de los casos fue imposible determinar la identidad de los perpetradores, en 38 se trató de particulares y en 23 por ciento fueron servidores públicos de diversos niveles, lo que comprueba que los autores de los delitos no sólo pertenecen a grupos de la delincuencia organizada, dijo el representante de la ONU.

Por otra parte, la mayoría de los activistas agredidos trabajan en asuntos relacionados con el apoyo a migrantes indocumentados, seguidos por quienes se especializan en derechos civiles y políticos, derechos sociales, culturales y ambientales, mujeres e indígenas.

Desde que en 2009 se difundió el primero de los tres informes sobre el tema, abundó Hernández, la OACNUDH formuló diez recomendaciones al gobierno mexicano, entre ellas legitimar mediante campañas de difusión el papel de los defensores de derechos humanos y crear leyes y mecanismos de protección a ese sector, y aunque en algunos aspectos ha habido avances, en otros todavía persisten algunas insuficiencias.

Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, admitió que investigar los casos de agresiones es la mejor forma de proteger a los activistas.

A su vez, Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coincidió en que la labor más importante en este terreno es abatir la impunidad, y lamentó que de 2005 a la fecha el organismo a su cargo haya tenido registro de 30 asesinatos y ocho desapariciones de defensores de las garantías individuales.

Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, destacó que el informe de las Naciones Unidas confirma la existencia de un patrón de situaciones adversas para los activistas, mismo que aún persiste.