A pesar de que el Estado mexicano ha firmado diversos convenios internacionales contra la práctica de la tortura, este crimen de lesa humanidad sigue aumentando en el país sin que las autoridades lleven a cabo acciones verdaderas para eliminarlo, señaló la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos.

En el contexto del Día Internacional de Apoyo a Víctimas de la Tortura, que se conmemoró ayer, los más de 70 colectivos que integran la red en todo el país enviaron un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por ese delito y le exigieron a las autoridades nacionales que lo erradiquen por completo.

‘‘Si bien el Estado mexicano ha suscrito los principales tratados internacionales en materia de tortura y se ha sujetado a las evaluaciones periódicas de mecanismos de derechos humanos, las recomendaciones emitidas por dichos mecanismos distan de ser implementadas en el país’’, lamentaron.

De igual manera, aunque las reformas constitucionales promulgadas en México en años recientes han significado una oportunidad para erradicar la tortura, el país ‘‘dista de contar con un marco normativo armónico a los estándares internacionales en materia de tortura en todos los estados’’. Además, hay ‘‘figuras y vacíos’’ en la legislación en la materia, como el arraigo, que permite un espacio de escasa vigilancia y alta vulnerabilidad para las personas detenidas por alguna autoridad, lo cual suele derivar en actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Por todo lo anterior, advirtió la red, ‘‘se atestigua un aumento en la práctica de la tortura en nuestro país, así como de la impunidad que continúa alrededor de los casos que han sido denunciados ante las autoridades correspondientes’’.

De su lado, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer que logró recabar más de 42 mil firmas de personas de 120 países que llaman al presidente Enrique Peña Nieto a combatir la tortura y garantizar los derechos de las víctimas, haciendo énfasis especial en el caso de Miriam López, quien fue torturada por elementos del Ejército Mexicano en Baja California, en 2011.

El organismo internacional agregó que un caso paradigmático de cómo este delito de lesa humanidad es utilizado con frecuencia por los agentes de seguridad del Estado para incriminar a inocentes es el de Israel Arzate Meléndez, quien luego de ser torturado y amenazado fue acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sobre el mismo tema, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín, dijo que aunque un estudio del Protocolo de Estambul –método internacional para comprobar que una persona fue víctima de tortura– fue realizado a Arzate por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con resultado positivo, el joven aún permanece detenido bajo arraigo, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver el asunto en los próximos meses.