En la enmienda que amplía las medidas de seguridad fronteriza, la cual forma parte del proyecto de ley de reforma migratoria aprobado ayer por el Senado de Estados Unidos, se incluye una iniciativa para capacitar y ofrecer recursos a autoridades mexicanas con el fin de que apoyen el control del flujo migratorio indocumentado desde otros países a través de territorio mexicano.

Para abordar la inmigración no autorizada de individuos que transitan por México hacia Estados Unidos, la estrategia debe incluir mejorar la capacitación, los recursos y el profesionalismo de funcionarios fronterizos y de seguridad pública en México, Honduras, El Salvador, Guatemala y otros países.

La estrategia debe ser implementada por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Seguridad Interna, y ofrecerá capacitación a funcionarios de México y otros países para que operen de manera más efectiva.

También incluye otorgar asistencia técnica y equipo a esos funcionarios fronterizos, como computadoras y otras tecnologías.

Como parte de esa estrategia, las agencias de seguridad interna y el Departamento de Estado deben producir una campaña educativa y diseminar información sobre los peligros del viaje a través de México, la probabilidad de su detención y la dificultad de encontrar empleo en Estados Unidos.

No es la primera vez que se abordan asuntos de control conjunto de las fronteras, ya que en el contexto de la Iniciativa Mérida agencias de aduanas estadunidenses han promovido academias de capacitación para sus contrapartes mexicanas, donde han sido entrenados casi 200 oficiales. A la vez, en mayo de 2010 los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron su intención de mejorar el control conjunto de su línea divisoria, bajo la idea de crear una frontera del siglo XXI.

También se han impulsado iniciativas de patrullar segmentos de la frontera en operaciones espejo, en las cuales equipos de agentes de seguridad pública de cada país realizan operaciones paralelas de ambos lados de la línea fronteriza. Además, se han impulsado esfuerzos, bajo la Iniciativa Mérida, de capacitación de funcionarios de seguridad pública y judiciales, incluyendo esfuerzos conjuntos en el combate contra el tráfico de personas.