e acuerdo con el coordinador general de Atención a Emergencias y Consejos de Cuencas, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Óscar Pimentel González, existe la pretensión del gobierno federal de promover durante este sexenio la intervención de la iniciativa privada en los organismos encargados de la operación del servicio público de suministro del líquido. En voz del funcionario, tal pretensión se sustenta en la necesidad de adoptar prácticas corporativas como base para emprender procesos de mejora, profesionalización y modernización, y su realización traería como beneficios el saneamiento de las finanzas de los organismos públicos, contrarrestaría la dependencia de los mismos a los subsidios y permitiría incorporar gradualmente los costos de infraestructura, operación y mantenimiento al costo que pagan los usuarios por el servicio.

Es inevitable percibir este anuncio como parte de un proyecto integral para trasladar los recursos naturales y los servicios públicos a manos de empresas privadas, en su mayoría extranjeras, con argumentos similares a los empleados por el funcionario federal: la supuesta inoperancia técnica, operativa y financiera de los organismos públicos encargados de administrar tales recursos y servicios.

En el mismo contexto se inscriben el afán privatizador de la industria petrolera nacional –el cual persiste en la actual administración federal, a contrapelo del mandato constitucional y del sentir de una porción mayoritaria de la población–, así como la transferencia paulatina de la industria eléctrica a empresas trasnacionales, las cuales generan hoy más de un tercio de la energía que se consume en el país.

En el caso que se comenta, la pretensión de permitir el ingreso del sector privado a las tareas de manejo, administración y distribución de los recursos hídricos es tanto más improcedente cuanto que esas actividades constituyen un asunto de la mayor importancia social, económica, sanitaria y hasta de seguridad nacional.

Es inevitable suponer que la concreción de los planes de la Conagua derivaría en escenarios similares a los que se han configurado a raíz de otros procesos privatizadores en el mundo: lejos de contribuir a garantizar el acceso universal al líquido, el manejo con una lógica mercantilista acabará por dar prioridad a la demanda de los grandes consumidores –industrias de diversos ramos– en perjuicio de las necesidades de amplias franjas de la población, sobre todo de los sectores menos favorecidos, como los habitantes de los entornos rurales –de por sí depauperados a consecuencia del abandono crónico del campo–, y los vecinos de las colonias populares, quienes ya padecen desabasto regular del agua.

Por lo demás, la experiencia histórica da cuenta del riesgo de desestabilización política que conlleva la entrega de los recursos naturales a corporaciones que, por lo general, se caracterizan por incurrir en prácticas depredadoras, abusivas y generadoras de descontentos sociales. Un precedente ineludible es la guerra del agua en Cochabamba, una serie de protestas realizadas en esa ciudad boliviana entre enero y abril de 2000 a raíz de la decisión gubernamental de concesionar por 40 años, en forma por demás turbia, el sistema de agua de aquella región a la trasnacional Agua del Tunari. El episodio derivó en una brutal represión policial que arrojó un saldo de un muerto, medio centenar de heridos y decenas de detenidos.

En la hora presente, cuando en el plano internacional avanza una tendencia al reconocimiento del derecho humano al agua como paso imprescindible en el proceso civilizatorio y en los esfuerzos por garantizar la viabilidad de la especie humana, la intención de entregar ese recurso a particulares es, desde cualquier punto de vista, improcedente y riesgosa. Cabe esperar que el gobierno federal cobre conciencia de ello y desista de su intento de sumar un nuevo factor de división e inconformidad al panorama político y social del país.