Los jueces y magistrados federales no se oponen a ser sometidos a un examen de control de confianza que incluya pruebas del polígrafo, siempre y cuando se respete la dignidad y los derechos humanos de los juzgadores, aseguró Juan Carlos Cruz Razo, consejero de la Judicatura Federal.

Al pronunciar un discurso como parte de la inauguración del Seminario Internacional Contra la Corrupción en la Procuración e Impartición de Justicia, el funcionario añadió que el Poder Judicial Federal ha implementado medidas de fiscalización encaminadas a impedir actos de corrupción entre los funcionarios judiciales que van más allá de los famosos exámenes de control de confianza.

Estamos abiertos a la rendición de cuentas, sostuvo Cruz Razo. Añadió que los controles de confianza son parte de la función jurisdiccional y no son ajenos a ella e insisto, jamás nos hemos opuesto ni nos opondremos a ellos, siempre y cuando se respete la dignidad humana, la autonomía e independencia de los jueces puntualizó.

Al referirse a la iniciativa que estudia el Senado de la República en la que se propone que los integrantes del Poder Judicial sean auditados de manera frecuente y sometidos a examen de control de confianza, como ya ocurre de forma obligatoria con agentes policiacos, peritos y fiscales, Cruz Razo dijo que los juzgadores están conscientes de la necesidad de tener un poder judicial confiable y creíble.

Revisión patrimonial

El funcionario de la Judicatura dijo que a la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, de jueces, magistrados, consejeros, secretarios, etcétera, no puede oponérsele el secreto fiscal, bancario o fiduciario alguno; esto es un gran avance en el combate y prevención de la corrupción.

Sin referirse a casos recientes de jueces sometidos a investigación por el Consejo de la Judicatura debido a que no correspondía el nivel de sus ingresos con su evolución patrimonial, en específico el caso del ex magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano o del ex juez Álvaro Tobilla León, el consejero de la Judicatura precisó que la independencia de los impartidores de justicia no debe confundirse con una petición de fuero especial o de impunidad para ellos, pues más bien la independencia debe asumirse como el derecho de los juzgadores a interpretar de manera particular pero conforme a derecho las normas jurídicas.