rupos opositores a la operación del Acueducto Independencia, en Sonora, en particular productores agrícolas del sur de la entidad e integrantes de la tribu yaqui, continuaron ayer los bloqueos realizados desde hace un mes en la carretera México-Nogales, en demanda de que se suspendan las actividades de la obra hidráulica, que desde marzo pasado ha trasladado cerca de 16 millones de metros cúbicos de agua de la presa El Novillo a la capital estatal, Hermosillo.
Aunque tales movilizaciones han sido desconocidas por las autoridades tradicionales de los pueblos yaqui –algunas incluso han atribuido las protestas a grupos de choque
–, hay que considerar que la oleada de movilizaciones y bloqueos que se desarrollan desde hace un mes en el sur de Sonora tienen profundas raíces sociales, insertas en el historial de despojo de agua de que han sido objeto en forma continua los pueblos originarios de la región.
Desde hace tres años, cuando la recién inaugurada administración de Guillermo Padrés Elías decidió dar un impulso decidido al trasvase de la presa El Novillo, comenzó a generarse una fuerte rechazo entre los integrantes de las zonas afectadas, sin que se haya respetado su derecho a una consulta previa, libre e informada, como prescriben las leyes internacionales de protección a los pueblos originarios.
Tal indolencia y omisiones se agravan por el alineamiento gubernamental a los intereses empresariales y por su participación en actos de hostilidad e incluso de criminalización contra los opositores. En efecto, aunque el gobierno encabezado por el panista Padrés ha insistido en que la obra referida permitirá solucionar el inveterado problema de desabasto en Hermosillo, es meridianamente claro que para atender ese objetivo bien habría podido empezar por corregir el enorme desperdicio de recursos en esa urbe –que asciende a 40 por ciento, según diversos estudios–; la construcción del Acueducto Independencia parece, en cambio, una política orientada a satisfacer la demanda de los recursos para las grandes empresas de la región: ensambladoras automotrices, cerveceras y refresqueras.
Por lo que hace al segundo elemento, éste ha quedado de manifiesto con amagos represivos e incluso amenazas veladas como las que formuló ayer, por medio de Twitter, el titular de Seguridad Pública estatal, Ernesto Munro Palacio, al pedir a los manifestantes que no le jalen la cola al león
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Tales elementos son, por lo demás, consistentes con un gobierno estatal que a lo largo del episodio de marras ha venido actuando en forma presumiblemente ilegal. A la omisión de cumplir con el derecho de audiencia del pueblo yaqui se suma el posible desacato en que ha incurrido el Ejecutivo local, al proseguir con las labores de trasvase de El Novillo, a pesar de la existencia de un amparo, emitido en mayo pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la manifestación de impacto ambiental que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la construcción del Acueducto Independencia, y que reconoce la personalidad de la tribu yaqui para reclamar ante las autoridades la inhabilitación de esta obra.
Ninguna obra de infraestructura, por importante que sea, puede llevarse a cabo sobre los derechos de la colectividad y en beneficio de los intereses de unos cuantos. Es procedente y necesario que el conflicto que se desarrolla en Sonora sea atendido con miras a obtener una solución concertada entre las partes y que las autoridades locales reconozcan el error que cometieron al impulsar la construcción del referido acueducto sin atender a la inconformidad y a las afectaciones causadas a diversos sectores, en forma destacada, a los integrantes del pueblo yaqui.
