El dictamen de la Unidad de Fiscalización (UF) del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre los informes de gastos de campaña de 2012 propone multas millonarias para las dos coaliciones que contendieron. Para la alianza de los partidos de izquierda que postularon a Andrés Manuel López Obrador (PRD, PT y MC) se plantea una suma general 182.7 millones de pesos, de los cuales 145 millones corresponden a la campaña presidencial y el resto a irregularidades en las legislativas.

En el caso de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), el proyecto –que deberá discutir y aprobar el Consejo General el próximo martes– plantea una suma conjunta de multas por 203.3 millones de pesos. En este caso, la mayor parte de las sanciones –cerca de 146 millones de pesos– corresponden a irregularidades de las campañas de diputados y senadores, y alrededor de 56 millones de pesos se desprenden de sanciones asociadas a la de Enrique Peña Nieto.

Para el caso de las coaliciones, al desagregarse las multas que cada partido tendrá que pagar individualmente, por irregularidades tanto en la campaña presidencial como en las de senadores y diputados, se concluye que el partido más sancionado es el PRI, con 150.9 millones de pesos; le siguen PRD, 79.2; PT, 52.8 millones de pesos; PVEM, 52.4 millones, y Movimiento Ciudadano, 50.6 millones. EL PAN y Nueva Alianza tendrán multas marginales de 5.5 y 2.6 millones, respectivamente.

El porcentaje de prorrateo del gasto centralizado entre las diversas campañas implicó, en el caso del Movimiento Progresista, que López Obrador rebasara el tope de gastos de 336.1 millones de pesos, lo que contrasta con Peña Nieto, la panista Josefina Vázquez Mota, y el aspirante de Nueva Alianza, Gabriel Quadri.

En el comparativo de las campañas legislativas fueron los candidatos de Compromiso por México quienes concentraron la mayoría de irregularidades, y la distribución de la alianza del gasto centralizado derivó en que 187 candidatos (postulados ya sea por la coalición parcial para el congreso o bien del PRI o del PVEM por separado) rebasaran el gasto permitido. Sólo dos aspirantes al Senado y siete a diputados del Movimiento Progresista incurrieron en esta falta.

Un comparativo de rebase de topes entre los partidos y coaliciones en todas las campañas refleja que, en conjunto, el Movimiento Progresista rebasó con 74.1 millones de pesos mientras que la de Compromiso por México fue de 63.5 millones.

La interpretación del dictamen de la UF distribuido tenía, hasta ayer, virtualmente divididos a los consejeros del IFE sobre su aprobación, lo que alentaba la sombra de un posible empate en las discusiones. Incluso, algunos consejeros que con diversos argumentos (el volumen del documento el impacto en la participación ciudadana en las elecciones en 14 estados) consideran la posibilidad de aplazar la aprobación y que no se haga el próximo martes 2 de julio.

En principio, cuatro de ellos tenían importantes dudas sobre la consistencia del dictamen en cuanto a los criterios para el prorrateo del gasto centralizado, pues no estaban de acuerdo en el concepto de campaña beneficiada y la proporcionalidad de la asignación del gasto que se desprende de ello, en contraste con los otros cuatro, para quienes los criterios emanan del reglamento de fiscalización.

Otra objeción es que la UF asumió que el gasto no reportado es también prorrateable, situación que no comparten algunos consejeros que estiman que en ese caso se debe asignar directamente a la campaña central beneficiada. Todo ello para derivar en un dilema clave a resolver: el impacto de los criterios aplicados en los gastos de campaña reales de Peña Nieto y si de ello se desprende que rebasó el tope permitido.

Cabe recordar que en febrero pasado, cuando se pretendía aprobar el dictamen que entonces sólo abarcaba las campañas presidenciales, la mayoría de los consejeros votaron por devolverlo, entre otros argumentos porque demandaban mayor claridad de los criterios de prorrateo y reasignación del gasto por parte de la UF. Asimismo, porque se presentará el dictamen de una manera conjunta, incluyendo los informes de todas las campañas federales de 2012, entrelazadas a partir del prorrateo de gastos centralizados que conforman parte de las estrategias financieras de los partidos.