as más recientes revelaciones periodísticas emanadas de los documentos filtrados por Edward Snowden, el ex contratista de dependencias estadunidenses de inteligencia, dan cuenta de vastos operativos de espionaje realizados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) en contra de varias dependencias de la Unión Europea. Sólo en Alemania, el gobierno de Washington ha interceptado cada mes unos 500 millones de intercambios, telefónicos o por Internet, tanto de particulares como de empresas y dependencias oficiales.

Por añadidura, la NSA instaló micrófonos en las representaciones de la Unión Europea (UE) y de la ONU ubicadas en territorio estadunidense e interfirió las redes de cómputo de ambas entidades, usó la sede de la OTAN en Bruselas para lanzar ataques informáticos contra oficinas de la Europa comunitaria ubicadas en esa ciudad y, en documentos internos, calificó a la UE de objetivo de espionaje, como hacen los gobiernos contra países y organizaciones a las que consideran enemigos.

Las reacciones no se han hecho esperar: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la cancillería francesa pidieron explicaciones a Washington, en tanto la ministra de Justicia de Alemania, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, dijo que el hecho de que Washington se comporte como si Europa fuera el enemigo va más allá de todo lo imaginable.

El episodio marca uno de los peores momentos, si no el peor, en décadas de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Cabe, sin embargo, dudar de que el conflicto adquiera trascendencia mayor, habida cuenta del grado de supeditación de la Unión Europea a los designios de Washington.

Un antecedente cercano que ilustra claramente esa situación es el caso del programa de vuelos secretos organizado por la CIA y el Pentágono para trasladar a secuestrados sospechosos de terrorismo a través del espacio aéreo de la Europa comunitaria, con destino a centros de tortura clandestinos situados en África, Europa oriental y Asia central. Aunque tales traslados eran claramente violatorios de las normas internacionales y de las legislaciones de los países por los cuales transcurrieron, prácticamente ninguno de los gobiernos afectados emprendió acción legal alguna para investigar o sancionar los delitos cometidos en aquellas acciones.

Así pues, lo más probable es que la revelación del espionaje masivo estadunidense sobre sus aliados europeos sea asimilada por las partes como mero incidente bochornoso y que las instituciones políticas del viejo continente opten por sacrificar los derechos y la integridad de sus ciudadanos antes que adoptar medidas que pudieran afectar sus relaciones con Washington.

Paradójicamente, el efecto de las revelaciones de Snowden podría ser más profundo en la política interna estadunidense. Ayer, en el país vecino, 26 senadores de ambos partidos enviaron una misiva al director de Inteligencia Nacional, James Clapper, en la que le piden aclarar el alcance del programa mediante el cual el gobierno de Washington espía a millones de sus ciudadanos, así como el marco legal secreto que da cobertura judicial a esa actividad, claramente violatoria de los derechos fundamentales y las libertades civiles.

Finalmente, aunque la Casa Blanca no parece haber encontrado aún la salida argumental al embrollo creado por las revelaciones de Edward Snowden, el poderío global estadunidense parece tener, hasta ahora, la suficiente capacidad de absorción para neutralizar escándalos por los crímenes de lesa humanidad, las intromisiones políticas y el espionaje amigo realizados por los destacamentos militares, diplomáticos y de inteligencia de Washington en distintos puntos del orbe.