o me parece justo terminar con el asunto Co­legio de Ciencias y Humanidades (CCH), sin hacer referencia alguna al señor rector y autoridades que lo acompañan. El memo que paso a dirigirles es breve y espero, nada sentencioso.

Estaremos de acuerdo en que el problema en cuestión no está resuelto, sino que anda de vacaciones. Entonces es tiempo para replantear las cosas y encontrar algunas salidas, antes de que se inicie el siguiente conflicto de la lista interminable que constituye la cotidianidad de la vida universitaria.

Sería absurdo iniciar desde cero las pláticas, pero una removidita de fichas no sale sobrando. Técnica por demás útil en toda ardua negociación es desbrozar lo más posible las discusiones: hay que echar por delante los asuntos de menor confrontación y encorchetar, para el final, los más conflictivos. Desde muchos ángulos este procedimiento facilita los acuerdos, siempre y cuando, durante las discusiones se hayan observado las normas básicas de consideración y respeto mutuo. Lo primero, se me ocurre, es establecer el nivel de las partes en el debate, mismo que deberá ser previamente reconocido y aceptado por cada una de ellas.

En el caso que nos ocupa, la discusión no se da entre pares. Hoy, como en la edad de piedra, el Renacimiento, la sociedad industrial o la de la información y el conocimiento, autoridades, maestros, académicos, han sido mano. O se les reconoce desde el principio esa posición, o se demuestra con razones y evidencias inobjetables, que no son merecedores de tal rango. Lo anterior, en lo absoluto implica minusvalía o desdoro para los estudiantes, pues la premisa indispensable para el inicio del diálogo es el respeto, el trato considerado y la civilidad, aquí sí pareja, que se deben entre sí los integrantes de la comunidad universitaria. No puede ser siquiera discutible el pleno derecho de los jóvenes a expresar sus opiniones (por radicales y epatantes que éstas sean), sobre todo cuanto afecte a la vida académica de su institución, y también sobre la vida general del país que somos, valorado desde su óptica particular, es decir, de sus experiencias cotidianas: carencias, frustraciones, expectativas y, por supuesto, del país que va a ser de ellos y de sus hijos y al que, por razones de causa mayor, nosotros ya no tendremos acceso.

En mi personalísima opinión, hasta donde vamos, el rector Narro ha jugado sus cartas con eficacia, y sin dejar de preservar el verdadero ánimus de la institución: el reconocimiento, la comprensión, la apertura, el respeto a la diferencia, a la diversidad, pero también con apego absoluto a la normatividad. No puede hablarse de extrema tolerancia y menos aún de incuria frente a lo acontecido en el CCH y la rectoría, si desde abril se consignó ante el Tribunal Universitario a un grupo de supuestos responsables de los actos de violencia y destrucción del patrimonio universitario, de los cuales nueve recibieron diversas sanciones que llegaron hasta la expulsión definitiva. En lo que se refiere al aspecto penal, las autoridades presentaron ante los órganos competentes la denuncia a que estaban obligadas. Hasta allí llega su responsabilidad: la triste pelota ya no está en su cancha.

Estoy convencido de que el 3 de julio de 1929, un día después de que con la primera Ley Orgánica se hizo el reconocimiento jurídico de la autonomía universitaria, ya había surgido el primer descubridor del agua tibia gritando: ¡autonomía no es extraterritorialidad! De entonces a la fecha la expresión tiene la misma intención que el grito italiano: “¡Al ladrón, al ladrón! Se trata de distraer, de echar la culpa a otro, del atraco que lleva a cabo el gritón mismo.

En la Revista de la Universidad, hace algunos años, el ilustre y querido maestro Miguel León Portilla se refirió al concepto de autonomía, aclarando que éste no implicaba extraterritorialidad ni menos aún soberanía. La autonomía garantiza la facultad de autogobierno, la capacidad para elegir libremente autoridades, ejercer el presupuesto (aprobado previamente y revisado a posteriori por el Consejo Universitario), formular los estatutos de docentes e investigadores y los planes de estudio que habrán de ser realizados en plena libertad, así como la misión de hacer llegar al pueblo, por todos los medios posibles, los bienes del arte y la cultura. La autonomía permite que el estudiantado tenga, en determinados tiempos, la posibilidad de manifestarse respecto de la organización de los cursos escolares y garantiza, para los docentes, la más absoluta libertad de cátedra. Al ensayo que he mencionado lo anteceden estas palabras: Miguel León Portilla, nos ofrece la visión de una utopía realizada: el lugar donde florecen las ciencias, las humanidades, la creación artística y la difusión de la cultura. Sí. Esa es la visión que compartimos de nuestra autónoma universidad. Lo que defendemos, reclamamos, no tiene que ver con algunos pedregosos kilómetros cuadrados de terreno, no es un territorio físico, sino un ámbito del pensamiento, libre, crítico, autónomo.

Néstor de Buen es un ameritado docente, respetabilísimo por muchas razones, pero no puedo compartir su opinión cuando, después de afirmar que no soportaríamos los universitarios que el Estado nos impusiera una presencia permanente o circunstancial de fuerzas armadas o simplemente en labores de policía en los territorios universitarios, agrega: “Eso no significa, por supuesto, que el Estado no pueda reprimir manifestaciones de protesta que se justifican…” Si se justifican y son reprimidas, el Estado está, como dicen los que saben, fallido. Afirma que, la recuperación de las instalaciones por la vía de la fuerza estatal no violentará la autonomía. Yo pregunto: ¿qué fuerzas? El Ejército no sólo no debería andar en las calles, carreteras, el campo o las ciudades, por la simplísima razón de que la Constitución así lo establece. ¿Estamos en tiempos de guerra porque la demencia de Felipe de Jesús así lo decretó? La intervención del, por muchos motivos, heroico Ejército Nacional, en el IPN, la Escuela Nacional de Maestros y la UNAM, fue una flagrante violación a nuestra Carta Magna y el responsable directo, el jefe supremo, el general del madral de estrellas (creo que cinco), ha sido siempre el titular del Poder Ejecutivo, haiga sido quien haiga sido. Pero concuerdo plenamente con el entrañable maestro, que en apellido lleva historia y biografía, cuando señala que es inaceptable que el diálogo entre las partes, tenga que hacerse bajo la amenaza de seguir cometiendo actos ilícitos, o que no podrá ponerse como condición para el diálogo el desistimiento de las denunciadas presentadas. Pero me permito sugerir: la discusión sobre la apelación a la sentencia del Tribunal Universitario, ante la Comisión de Honor y Justicia del Consejo, debe ser pública. No, por supuesto, en una asamblea tumultuaria en las islas, o el estadio, sino por medio de Radio Universidad o Tv-UNAM.

Como siempre, quedan asuntos pendientes, pero me resulta imposible dejar de expresar a Javier Saldaña Martínez y al profesor Facundo Jiménez, primero una disculpa y, de inmediato, mi gratitud por mostrarme cómo un fallido y excedido intento de humor, puede convertirse en un comentario frívolo y perjudicial. Hace una semana dije: ¿Cómo se puede atrever alguien a decir que el Manual de Seguridad de la Asociación Nacional de Universidades fue elaborado por el experto académico Genaro García Luna, para quien el complicado ordenamiento de sujeto, verbo, predicado siempre ha resultado trampa insalvable? Tengo frente a mí copia del manual de referencia y a la letra dice: El Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior se enriqueció con la revisión y comentarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por lo que expresa un agradecimiento al secretario Genaro García Luna y a su equipo de colaboradores. Sin comentario hacia a la ANUIES, porque me he propuesto no ser majadero (me aferro a pensar que se trató de un protocolo burocrático impensado), acepto, con el hígado regurgitando, lo fallido y tonto de mi chistorete. No tengo ánimos para ofrecer que voy a mejorar, pero la lección está registrada.

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