a negativa de los gobiernos de Francia, España, Portugal e Italia para que el avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, sobrevolara o aterrizara en sus respectivos territorios el pasado martes –ante las infundadas sospechas de que la aeronave transportaba al ex contratista de la NSA Edward Snowden– derivó en una crisis diplomática en la que ha saltado a la vista el consenso casi unánime de las naciones latinoamericanas frente al maltrato agraviante e irresponsable de que fue víctima el mandatario.

Ayer, mientras Morales proseguía con el trayecto de su vuelo de Moscú a La Paz, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela repudiaron los hechos, en tanto la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) convocó a una cumbre de emergencia, a realizarse hoy en la ciudad de Cochabamba, para analizar el caso. México emitió un comunicado en el que lamentó los hechos y refrendó su convicción de que deben respetarse los principios de derecho internacional y la buena práctica diplomática entre los estados, como de la inmunidad de jurisdicción de que goza un jefe de Estado.

El episodio referido pone de manifiesto un desarreglo de gran calado en el orden político internacional, en el que confluyen un claro retroceso de las naciones europeas en materia de soberanía y su sometimiento a los designios de Estados Unidos con el trato insolente, arbitrario e ilegal que esos mismos países dispensan a gobiernos como el de Bolivia, que en los últimos años se han distanciado en mayor o menor medida de la preceptiva política y económica dictada desde Washington.

La violación de París, Madrid, Lisboa y Roma a algunas de las normas diplomáticas más elementales –concretamente, a las que dotan de inmunidad jurídica a las aeronaves de los dignatarios– se produce no en el contexto de medidas de seguridad soberanas –lo cual habría sido de suyo sumamente cuestionable–, sino en el marco de la persecución emprendida por Washington en contra de Snowden por haber sacado a la luz pública información sobre el espionaje practicado por Estados Unidos hacia millones de ciudadanos, empresas, instituciones y autoridades de muchos países, entre ellos algunos integrantes de la Unión Europea.

Por lo demás, la condena generalizada de los gobiernos de Centro y Sudamérica a los hechos referidos da cuenta de un escenario que hasta hace algunos años habría resultado insospechado, en el que los estados latinoamericanos salen en defensa de la legalidad internacional, en tanto que las autoridades de países europeos, que se precian de defender las libertades y el estado de derecho, dan muestras de actitudes de atraso, sometimiento y dependencia política respecto de la superpotencia.

Sería deseable, por último, que gobiernos latinoamericanos que no han condenado abiertamente el atropello cometido contra Morales, como el de México, eleven el tono de sus pronunciamientos y se solidaricen con el mandatario boliviano, en la medida en que la retención sufrida por éste no es es sólo un agravio contra su persona y el pueblo boliviano, sino una señal de amedrentamiento hacia el conjunto de los países y las sociedades de América Latina.