En México persiste la violación sistemática a los derechos humanos de 3.5 millones de jornaleros agrícolas indígenas, resultado del éxodo familiar hacia los campos de labor de 16 entidades en un contexto de marginación y pobreza, lamentó la directora general de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural, Cecilia García.

Consideró que como parte de la reforma que propuso recientemente el presidente Enrique Peña Nieto al artículo 123 constitucional, apartado A, fracción III, para establecer los 15 años como edad mínima de admisión al empleo, también se endurezcan las sanciones para quienes violan los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, particularmente de los menores de edad.

Lamentó que las autoridades de las secretarías del Trabajo, Desarrollo Social y de Salud no apliquen programas integrales para los jornaleros agrícolas, ya que a esta problemática se suma un tercio de los más de 3 millones de menores de edad que laboran en México.

Llamó al gobierno federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a ocuparse del tema, y pidió crear un sistema de monitoreo y evaluación que permita mejorar sus condiciones de vida y trabajo.

En entrevista, indicó que la Organización Internacional del Trabajo advierte que la agricultura es uno de los sectores más peligrosos para laborar desde cualquier edad, por lo que refirió que es urgente que el gobierno mexicano ponga un alto a estas violaciones.