bundan los analistas que atribuyen el fin de la dictadura civicomilitar (1976-83) a la guerra de Malvinas, y a la mujer que recuperó del Museo Británico las banderas de la piratería capitalista mundial. Nada cuentan, para ellos, la resistencia popular y la lucha tenaz de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), y a pesar de las hipócritas leyes de obediencia debida y punto final, tuvo lugar el juicio a los jefes militares del periodo más tenebroso de la historia política argentina (1985). Sin embargo, tras el indulto del presidente Carlos Menem a los genocidas, la justicia y la ética de la democracia con dependencia quedaron en cuestión (1990).

Invencibles, las madres y abuelas redoblaron la lucha. Hasta que en abril de 2003, Néstor Kirchner les abrió de par en par las puertas de la presidencia, sin necesidad de citas o agenda previa. Año y medio después, la abogada Nilda Garré ocupó el cargo de ministro de Defensa.

Durante cinco años, sin que le temblara el pulso, Nilda pasó la escoba. La doctrina de seguridad nacional impuesta por Washington fue botada a la basura, se promovió la reforma del sistema de justicia militar y se vetó el ascenso de rango a familiares de militares involucrados en crímenes de lesa humanidad.

Luego, a finales de 2010, Nilda ocupó la Secretaría de Seguridad. Cargo que por sus alcances, resultaba más complejo que el anterior. Con todo, y así como en las Fuerzas Armadas, los programas de estudios de la temible Policía Federal (PFA) pegaron un giro radical. Los tres institutos de formación que llevaban nombres de notorios represores y asesinos fueron cambiados y, por primera vez en su historia, la PFA tuvo 10 subcomisarias mujeres, dos primeras comisarios generales, a más del ingreso de travestis, transexuales y transgénero en las fuerzas de seguridad.

En el denso y clasista ámbito judicial, las cosas también empezaron a moverse. El año pasado, la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, instruyó a los fiscales de todo el país que los delitos sexuales cometidos por militares, marinos, gendarmes, policías y demás represores, no quedarían impunes.

Por ejemplo, el represor y obstetra Jorge Magnacco (responsable de la maternidad montada en el Hospital Naval para que las detenidas dieran a luz a sus hijos que luego eran apropiados y entregados a familiares o allegados de los militares) fue condenado a 10 años de prisión, más otros 15 por delitos similares por la retención y ocultación de una bebé a cuya madre atendió en el parto que tuvo lugar en el lúgubre campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Igualmente, el feminicidio dejó de ser figura penal autónoma, y ahora se le considera un agravante del crimen: cadena perpetua no sólo para quien matare al ascendiente o cónyuge, sino que es extensiva a los y las ex, fueran cónyuges, convivientes o ex convivientes. Norma que cierra la posibilidad de los atenuantes para el que ya tuviera antecedentes de violencia o de género. Y agrega la perpetua por crímenes de odio a la orientación sexual, y a la identidad de género o a su expresión.

Asimismo, un proyecto del Senado agrega un nuevo inciso al artículo del Código Penal: cadena perpetua al que mate a alguien con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación. V. gr.: el caso del hombre que para vengarse mata al hijo de su ex mujer.

Innegablemente, los problemas inherentes a la situación de la mujer mucho tienen que ver con la cultura y artimañas de la sociedad patriarcal. Más si un Estado que se dice democrático y republicano deja librado al azar o usos y costumbres tales problemas, poco puede avanzar con sus leyes.

Tal sería el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), destinada a las madres cuando quedan a cargo de los hijos por el abandono del esposo. Pero en el censo de 2010 se descubrió que en muchos casos el hombre se declaraba frente al censista como jefe de un hogar en el que la mujer aportaba más dinero a la familia. Y así cobraba la AUH, que luego repartía a discreción o, de plano, se embolsaba.

La presidenta Cristinta Fernández tomó cartas en el asunto, y dispuso que la madre tuviera preferencia en el cobro de la AUH, aún cuando la tenencia de los niños fuera compartida. Ahora basta que la madre declare que desconoce el paradero del padre, o que éste no aporta al hogar.

En declaraciones al periódico Página 12, la titular de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, María Lucila Pimpi Colombo, calificó la medida de histórica, pues “…cambia la lógica de la actuación del Estado en protección a la familia. La lógica antigua estaba basada en una visión patriarcal, donde el único aporte considerado es el del varón…”

Y así cerramos este breve panorama de las mujeres argentinas, bajo un gobierno que dejó de celebrar oficialmente el Día de la Madre o del Padre para en su lugar festejar el Día de la Familia, con el fin de alcanzar “…un mejor conocimiento de los procesos sociales y económicos de la sociedad” (ONU, 1994).