Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de La Montaña y Costa Chica de Guerrero (CRAC) rechazaron la intención gubernamental de reglamentar la operación de los grupos de autodefensa y exigieron respecto a esa figura.

Este martes, representantes de la CRAC se reunieron con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava; también asistieron al encuentro funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y los abogados Leonel y Sandino Rivero, quienes representan otras causas sociales.

Según fuentes de Gobernación, la CRAC pide el cese de hostigamiento, desarme y presiones hacia esta organización encabezada por Eliseo Villar Castillo.

No hubo información oficial de la cita, aunque trascendió que subrayaron no estar de acuerdo con las recientes declaraciones del gobernador de Guerrero y de su secretario de Gobierno respecto a las acciones de la CRAC.

Paralelamente, Miranda Nava y otros funcionarios de Gobernación han sostenido conversaciones con otras organizaciones que promueven la figura de policías comunitarias, también identificados como grupos de autodefensa en las regiones guerrerenses más conflictivas.

Según la posición de la CRAC, la mala imagen de Guerrero es consecuencia de las malas políticas públicas, corrupción e impunidad, así como del despojo y la complicidad de las autoridades con la delincuencia. Durante el encuentro –añadieron las fuentes consultadas–, los miembros de la CRAC aseguraron que su actuación es legal, sustentada en leyes estatales (Ley 701), en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales.